Financiamiento público para los partidos 2024 Segunda parte

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En mi aportación de la semana anterior presenté algunas consideraciones y cantidades globales sobre el monto del financiamiento que los partidos políticos tendrán en el ámbito federal durante 2024. Por razones de espacio no se desglosaron en forma individual como se hace ahora. En efecto, la fórmula legal prevista en la Constitución y en la ley para el cálculo señala que debe multiplicarse el número de personas inscritas en el padrón electoral, con corte al mes de julio (último día) del año previo al que se entregará (2023) por el 65% del costo de la UMA.

Al realizar la operación aritmética tenemos: un universo de 98 millones 022 mil 975 electoras y electores en el padrón al 31 de julio, número que multiplicado por el 65% del valor diario de la UMA que equivale a 67 pesos 43 centavos, da como resultado la cantidad de 6 mil 609 millones 787 mil 227 pesos para actividades ordinarias, los cuales se distribuirán en proporción del 70% del total conforme con el porcentaje de los votos válidos obtenidos por cada partido en la última elección de diputados y un 30% en forma igualitaria. Distribuido por partidos y cerrado en cantidad de millones, a MORENA le corresponderán 2 mil 046.1; al PAN 1 mil 223.3; al PRI 1 mil 201.6; a MC 646.3; al PVEM 565.1; al PRD 472.5; y al PT 451.6.

Considerando que en 2024 habrá elecciones presidenciales, los partidos, con las mismas reglas de asignación, recibirán 3 mil 304 millones 893 mil 614 pesos; adicionalmente, por concepto de actividades específicas, en su conjunto, 198 millones 293 mil 617 pesos; otros 264.3 millones por concepto de franquicias postales; más 693 mil 490 pesos, por concepto de franquicias telegráficas. Como podrá observarse, el rubro más importante del financiamiento público de los partidos corresponde al de actividades ordinarias y, en segundo lugar, al de actividades de campaña. Será MORENA el instituto político que mayor cantidad de recursos reciba, el PAN en segundo lugar y en tercero el PRI.

Dado que la legislación establece que los partidos deben canalizar, por lo menos el 3% de su financiamiento individual a la promoción del liderazgo político de las mujeres, durante el próximo ejercicio fiscal deberán informar, la aplicación de 198.2 millones que deberán reflejar el impulso que se dé a las mujeres en cuanto a sus posibilidades de crecimiento y desarrollo político.

Aun y cuando la auditoría a las finanzas de los partidos debe informar a la ciudadanía con precisión cómo gastan dichos recursos, es necesario formular, al menos, las reflexiones siguientes:

La primera. El análisis sobre la cantidad de recursos que el Estado mexicano invierte en los partidos políticos debe considerar los montos específicos que, con reglas similares, reciben en cada una de las treinta y dos entidades federativas.

La segunda. Como instituciones políticas, los partidos reciben dinero de simpatizantes y militantes que también utilizan para sus actividades ordinarias y de campaña.

Tercera. Conforme con las disposiciones constitucionales, los partidos deben facilitar el acceso de las y los mexicanos a los cargos de elección popular, así que, considerando los montos de recursos públicos que reciben, debe analizarse si cumplen este objetivo, más allá de las listas de personajes que recurrente y permanentemente aparecen en las listas de candidaturas que presentan a las elecciones. Ver si existen renovaciones generacionales en las estructuras partidarias incluyendo jóvenes y si los liderazgos locales que no militan en los partidos son o no considerados.

Ciertamente, los partidos son fundamentales para la democracia mexicana, pero sus aportaciones específicas deben ser verificables, al igual que deben recuperar representatividad, capacidad de comunicación con la sociedad para canalizar sus demandas y para delinear políticas públicas que resuelvan la problemática social. Quedan muchos temas por revisar, pero la figura de partidos políticos no debe asociarse a opacidad ni a inmovilidad en entornos tan complejos como el que vivimos, por lo cual su transparencia debe ser plena y sus resultados en favor de la sociedad, verificables.