El Derecho a la Ciudad

Ciudad, una comunidad en el encierro 

Salvador García Espinosa

Para la gran mayoría de quienes habitamos una ciudad, la inseguridad forma parte de nuestra cotidianeidad, de forma tal que la ciudad que se vive, día con día se va reduciendo porque casi de forma imperceptible vamos excluyendo lugares, horarios y actividades; hasta que restringimos “nuestra ciudad vivida” a lo que consideramos un perímetro seguro.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), los lugares en los que la población de más de 18 años se siente más insegura son: los cajeros automáticos de las vías públicas (77%), en la calle (70.7%), en el transporte público (69.2%) y en la carretera (64.9%). En cambio, los ciudadanos se encuentran menos inseguros en: las escuelas (18.4), sus casas (18.6%), sus sitios de trabajo (30,4%), sus automóviles (37%) y los centros comerciales (39.8).

Más allá de las estadísticas, la tendencia de “habitar” la ciudad es que de manera voluntaria o involuntaria vamos privilegiando los espacios privados, como: cafés, centros comerciales, gimnasios, escuelas, etc., como los espacios de encuentro, sobre aquellos espacios públicos como calles, plazas y parques, que se van configurando sólo como espacios de paso, de transición, de riesgo ante los extraños, los “otros”.

El extremo de esta búsqueda de “refugio” en la ciudad se observa en los desarrollos habitacionales privados o cerrados, que han proliferado ante la búsqueda de protección, donde bardas perimetrales, guardias o cámaras de seguridad no sólo aíslan a los individuos,sino que les imponen un estilo de vida pre-diseñado a través de las denominadas amenidades o áreas recreativas, destinadas a socializar sin salir del perímetro protegido.

Una vez que se adquiere una propiedad, los habitantes se enfrentan a una realidad que no se promociona en las campañas de venta. El reglamento del condominio o desarrollo, mismo que fue diseñado por alguien que no vive ahí, pero que decidió cómo debería ser vivir en comunidad. 

En la mayoría de los casos, al adquirir una vivienda se convierte en co-propietario de las áreas comunes, y con esto viene la obligatoriedad de garantizar el financiamiento del personal de vigilancia, servicios, jardineros, etc. Aunque lo más grave es enfrentarse a los vecinos morosos, esos que no están dispuestos a pagar las llamadas “cuotas de mantenimiento”, y que propician que unos cuántos absorban el costo que implica “vivir seguro en la ciudad”.

Así, ante el beneplácito de la autoridad municipal, la ciudad se va transformando en pequeñas o grandes fortalezas, que ante la falta de normatividad al respecto se propicia que la seguridad al interior del desarrollo habitacional sea a costa de generar mayor inseguridad al resto de la ciudad, al generar entornos hostiles de calles delimitadas por extensas bardas,donde pareciera que está prohibido caminar.

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