Violencia y elecciones
Yurisha Andrade Morales*
No dejan de ser alarmantes los índices de violencia que padece el país desde 2006. El mismo Presidente de la República ha reconocido que en su gobierno, aún está pendiente por resolverse el problema de la inseguridad. Los hechos delictivos que se han dado en las últimas semanas, como las matanzas de Tamaulipas y Zacatecas, son algunos ejemplos de este flagelo que lastima a la sociedad mexicana.
Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre diciembre del 2018 y mayo del 2021, se han contabilizado 86 mil 370 víctimas de homicidio doloso, siendo 2019 y 2020 en donde los registros se fueron al alza. En cada uno de estos años, se llegaron a superar las 34 mil muertes por esta causa, es decir, el 80% del total de los casos del periodo que lleva la actual administración.
El mes de mayo, previo a la fecha de la jornada electoral, con casi 3,000 homicidios de esta naturaleza, es al momento el más violento de 2021. En estos 15 años, se puede afirmar que todas las estrategias han resultado insuficientes, lo que se constata no solo en los hechos, sino en la percepción de la población.
Por ejemplo, en Tamaulipas, Zacatecas y Michoacán, el 66% de quienes tienen más de 18 años afirman que se sienten inseguros viviendo en su ciudad, de acuerdo a que lo plantea la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondiente al primer trimestre de 2021.
En el marco del proceso electoral, las acusaciones sobre la intervención de grupos del crimen organizado, se han sumado a los hechos de violencia que empañaron la participación ciudadana, tanto durante las campañas como el mismo 6 de junio.
Si bien es cierto, como lo señaló en su momento el INE, respecto a que los comicios transcurrieron en paz y libertad, instalándose el 99.98% de las casillas, esto no obsta para hacer un recuento crítico de este tipo de acontecimientos reprobables que amenazan a la democracia.
Como se recordará, el pasado mes de marzo, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaria de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera, dieron a conocer la Estrategia de Protección en el Contexto Electoral, cuyo objetivo era detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones del crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco, sobre todo del ámbito municipal.
Una vez concluida la jornada electoral, ¿cómo podríamos valorar los efectos de la Estrategia mencionada? ¿Qué nos dicen los análisis sobre la violencia política en las pasadas elecciones? Veamos uno de ellos.
Integralia Consultores en su informe Crimen organizado y el proceso electoral 2020-2021 (https://integralia.com.mx/web/index.php/2021/06/25/reporte-especial-crimen-organizado-y-el-proceso-electoral-2020-2021/), dado a conocer en días pasados, confirma que, efectivamente, hay una incidencia fuerte de la delincuencia organizada en los gobiernos locales, sobre todo para tener acceso a información privilegiada en seguridad y grupos económicos, así como para obtener el control de las policías municipales y los recursos públicos.
Este estudio contabilizó, entre el 7 de septiembre de 2020 y el 6 de junio de 2021, 239 incidentes de violencia política que arrojaron 299 víctimas, 179 de ellas fallecidas. De estas últimas, 36 eran aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, 5 de las cuales fueron mujeres. Sin duda, una evidencia alarmante es que el 64% de las víctimas mortales aspiraba a ocupar alguna presidencia municipal, es decir, 23 de ellas.
Durante la jornada electoral, Integralia Consultores precisa que solo contabilizó 26 acciones violentas en casillas de 11 entidades federativas, recalcando que fueron actos aislados con repercusiones limitadas. Los estados de Campeche, Sinaloa, Chiapas y Puebla, reportaron 1 caso; Tlaxcala, Nuevo León y San Luis Potosí, 2 casos; Jalisco y Estado de México, 3 casos, y, finalmente, Oaxaca y Baja California, 5 casos, respectivamente.
De igual forma, el informe señala que el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, iniciarán diversos procesos de investigación para detectar el posible financiamiento de organizaciones criminales a las campañas políticas.
Hasta el momento se han hecho públicos los nombres de Rubén Rocha Moya, gobernador electo de Sinaloa; Ricardo Gallardo Cardona, gobernador electo de San Luis Potosí; Alfredo Lozoya Santillán, candidato a gobernador de Chihuahua; Emmanuel Reyes Carmona, diputado federal reelecto por Guanajuato; Miguel Jarero Velázquez, diputado federal reelecto por Nayarit; Francisco Huacus Esquivel, diputado federal reelecto por Michoacán.
En el caso de Michoacán, con respecto a la violencia generalizada e intervención de grupos armados durante la jornada electoral, los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, han presentado diversos Juicios de Inconformidad en los que solicitan la nulidad de la elección de la gubernatura porque, a su entender, esto incidió en la manipulación del número de votos en varios distritos.
Como lo he expresado en anteriores ocasiones y lo ratifico nuevamente, este órgano autónomo colegiado, máxima autoridad jurisdiccional en la materia en la entidad, tiene la responsabilidad de resolver conforme a ley y a sus atribuciones, respetando el Estado de Derecho.
El cúmulo de casos que se han venido desahogando en este Tribunal dan muestra de su independencia e imparcialidad; por ello, las michoacanas, michoacanos y partidos políticos deben tener absoluta certeza en la fortaleza del mismo, así como de la ética y el profesionalismo de cada uno de sus integrantes. Todos debemos contribuir a la estabilidad de nuestra democracia, asumiendo con madurez política las decisiones de las instituciones que nos hemos dado. Solo así podemos resolver los problemas que nos aquejan.
*Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
