Treinta y cinco años después
Yurisha Andrade Morales*
El jueves de la semana pasada se cumplieron treinta y cinco años de la histórica elección del 6 de julio de 1988, uno de los hechos más trascendentes que impulsaron la transición política en nuestro país. Como sabemos, compitieron por la presidencia de la república Carlos Salinas de Gortari, por el PRI; Cuauhtémoc Cárdenas por el PARM, PPS, PFC y PMS, que se sumó a la candidatura de Cárdenas luego de que Heberto Castillo declinara en su favor; todos ellos integrados en el llamado Frente Democrático Nacional; mientras que Manuel J. Clouthier, compitió por el PAN y Rosario Ibarra de Piedra por el PRT.
En medio de intensos cuestionamientos, el 13 de julio de ese año, la Comisión Federal Electoral, presidida por el entonces Secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, dio a conocer los resultados oficiales que consignaron el triunfo del PRI, con una participación del 52%, de alrededor de 19.1 millones de electores. Los candidatos de la oposición suscribieron un comunicado dirigido a la nación desconociendo los resultados de la elección por irregularidades que aún siguen sin aclararse, como la “caída del sistema”, conforme con la expresión utilizada por Diego Fernández del Castillo en el seno del organismo electoral.
La entronización del presidente Carlos Salinas de Gortari se dio en contexto de profundas inconformidades políticas y sociales y, justo por ello, en su toma de protesta como primer mandatario, convocó a un Acuerdo Nacional para la Ampliación de la Vida Democrática que consistió en una reformulación de las reglas de juego político, cuyo alcance y profundidad dependerían del nivel de consenso que alcanzaran las distintas fuerzas políticas.
Fue la secretaría de gobernación la instancia responsable de implementar la propuesta presidencial, a través de amplias consultas públicas coordinadas por la Comisión Federal Electoral y por los congresos locales. El resultado de la deliberación pública y de los acuerdos establecidos por las fuerzas políticas fue la reforma electoral de 1990 que permitió reformar la Constitución conforme con el decreto del mes de abril y la promulgación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el 15 de agosto de ese año.
La novedosa legislación instauró al Instituto Federal Electoral como un organismo autónomo, transformó al Tribunal de lo Contencioso Electoral, creado en 1987, en el Tribunal Federal Electoral; estableció rigurosos procedimientos técnicos para la organización de los procesos electorales, profesionalizó la función electoral e insertó diversos candados para erradicar las nocivas prácticas del fraude electoral y generar certeza y confianza en las elecciones.
En el ámbito de las entidades federativas, los congresos locales adaptaron la normativa constitucional y legal y, con diversos matices, iniciaron la construcción de sólidas instituciones administrativas y jurisdiccionales. Después de cinco reformas electorales sucesivas en la materia, hoy funcionamos integrados en un moderno sistema nacional electoral que ofrece la garantía de elecciones libres, justas, imparciales y auténticas para nuestro país. Existen condiciones de cancha pareja para la competencia y posibilidades para la alternancia en los diversos cargos, siempre con el veredicto de las urnas que recogen el voto ciudadano y el trabajo auditable de las autoridades que lo contabilizan con exactitud y transparencia.
Treinta y cinco años después tenemos instituciones y reglas que permiten recrear periódicamente a nuestra democracia, justo es recordar a las elecciones de 1988 como parte de nuestro patrimonio histórico y político. De ahí se derivan lecciones fundamentales que nos dicen que las normas electorales adquieren máxima legitimidad si se emiten con el consenso de todas las fuerzas políticas, con la opinión y los diagnósticos de autoridades y especialistas; que las normas deben actualizarse para atender las nuevas realidades y que su esencia y el trabajo de partidos e instituciones debe orientarse sustancialmente, a la ampliación progresiva de los derechos políticos de las y los ciudadanos.
Estoy convencida de la importancia de los acontecimientos de 1988 y de las consecuencias que generó, también creo que es fundamental reconocer las aportaciones de las mujeres y de los hombres que participaron en la democratización del sistema político mexicano, especialmente del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, orgullosamente michoacano, quien al aceptar los resultados de las controvertidas elecciones de 1988, dio un ejemplo de civilidad para la posteridad y apostó por la construcción y consolidación de nuestras normas e instituciones.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
