El Derecho a la Ciudad
SALIR DE LA POBREZA
Salvador García Espinosa
El pasado 13 de agosto, el INEGI informó que entre 2022 y 2024, la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones: la disminución fue de 8.3 millones de personas. La población en situación de pobreza extrema se redujo de 9.1 a 7.0 millones. Sin lugar a duda una buena noticia para todos los mexicanos. Por su relevancia, conviene reflexionar al respecto de varios aspectos:
Si bien en el promedio nacional, la población en situación de pobreza multidimensional disminuyó, en cinco entidades no fue así, por el contrario, aumentó el número de pobres. el mayor aumento fue en Durango (2.15 a 4.34%), le siguen Tlaxcala (3.27 a 4.35%), Ciudad de México (1.62 a 1.81%), Michoacán (5.32 a 5.45%) y Baja California Sur (1.17 a 1.22%),
Aunque la mayoría de las noticias y declaraciones sintetizaron el hecho en la “reducción de pobres”, se debe comprender que esta medición de lo que se denomina “pobreza multidimensional” no considera sólo el ingreso o la disponibilidad de recursos económico como muchos piensan. De acuerdo con los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, la población en situación de pobreza multidimensional es aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades, y no tiene garantizado el acceso a alguno de los derechos sociales de educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.
Una vez clara la información que se contabiliza para determinar la pobreza multidimensional en México, conviene señalar que, entre 2022 y 2024, la población considerada “no pobre y no vulnerable”, se incrementó 5.4 puntos porcentuales, al pasar de 27.1% a 32.5%. En este mismo periodo la población en “pobreza moderada” disminuyó 5.3 % al pasar de 29.5% a 24.2%, y la población en “pobreza extrema” disminuyó 1.8%, pues paso de representar 7.1% en 2022 a 5.3% en 2023.
Conviene llamar la atención en dos situaciones relevantes: la primera corresponde a que el porcentaje de población considerada “vulnerable por sus ingresos”, si bien disminuyó de 7.2% en 2022, a 5.6% en 2024. Lo que encuentra explicación en el aumento de los recursos económicos obtenidos por el trabajo, es decir, el aumento al salario mínimo fue significativo; ya que el trabajo aporta 75 de cada 100 pesos del ingreso monetario de los hogares que, sumado a las pensiones. En otras palabras, las becas y apoyos económicos otorgados por los diferentes ámbitos de gobierno parecen estar cumpliendo su objetivo. Sin embargo, la población que se encuentra en el rubro de “vulnerable por carencias sociales” se incrementó al pasar de 29.4% en 2022 a 32.2% en 2024.
En este contexto, llama la atención que el mayor porcentaje de población presente como la principal carencia la Seguridad Social, es decir, la falta de acceso a servicios médicos, pensiones o programas de bienestar para la población, especialmente en el caso de los trabajadores, adultos mayores o en general, las posibilidades de enfrentar un imprevisto: como enfermedades e incapacidades propia de la vejez, así como un embarazo para la población joven o adulta. El promedio nacional es que 34 de cada 100 personas carece de acceso a servicios de salud y Michoacán se ubica por arriba de este promedio con 46% de la población sin servicios de salud. En segundo término, la carencia Educativa. En menor porcentaje se ubica la vivienda y la alimentación.
Así las cosas, la reducción de población en pobreza extrema debe celebrarse, pero también tener claro que se debe comprender que el ingreso económico en los hogares no es garantía del acceso a servicios de salud o cuidados y pensiones durante la vejez, y lo más alarmante de todo, a la educación, para garantizar la incorporación al mercado laboral en mejores condicionar e incentivar la movilidad social.
Más allá de la buena noticia del INEGI, se debe comprender que los datos proporcionados confirman que la vía más efectiva para reducir la pobreza siempre será crear una economía de inclusión y crecimiento, donde la política social garantice los derechos ineludibles para poder cerrar las brechas de desigualdad, no sólo económica, sino principalmente en educación, seguridad social y vivienda.
