Posible reforma electoral
Yurisha Andrade Morales*
A seis días de que se instalen las casillas para el ejercicio de revocación de mandato, el debate para la posible reforma electoral se reabrió desde el foro de las conferencias mañaneras del presidente de la república. Informó que presentará una iniciativa que incluirá diversos puntos que, una vez que se conozca a detalle, deberá ser analizada por legisladores, partidos políticos, integrantes de autoridades electorales, ciudadanía y académicos.
Conforme a los argumentos y reflexiones que he desarrollado en diversos espacios, incluido el de este importante portal, considero que el ajuste a las reglas del juego político electoral debe tomar en cuenta la nueva realidad electoral que vivimos en el ámbito nacional y la problemática que registran los procesos comiciales en cada una de las entidades federativas. Creo necesario, en adelanto al debate, formular las reflexiones iniciales siguientes:
Primera. Desde la reforma electoral de 1989-1990 que dio nacimiento al entonces Instituto Federal Electoral, hoy Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral, hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la actualización de las normas electorales se ha logrado por la vía de acuerdos establecidos por los actores políticos. Ha sido el consenso y la inclusión de propuestas de mayorías y minorías el método que legitimó las normas a las que todos han ajustado sus comportamientos durante los procesos electorales de las últimas tres décadas, en elecciones federales y ahora también locales.
Segunda. La actualizaciónde la normativa electoral, después de cada proceso o después de varios procesos comiciales, es necesaria y fundamental para encontrar regulaciones a las problemáticas que surgen en cada contienda electoral. Si bien las reformas electorales sucesivas democratizaron al sistema político mexicano e impulsaron garantías a los derechos humanos en materia electoral, las reformas abonan en favor del fortalecimiento de la institucionalidad democrática que necesitamos para conservar estabilidad política y respeto al Estado de derecho.
Tercera. La construcción del andamiaje institucional que hoy garantiza el principio universal de que un ciudadano es igual a un voto y permite la celebración de elecciones periódicas y auténticas, se integra por organismos administrativos responsables de la organización de las elecciones y de autoridades jurisdiccionales responsables del control de la legalidad de los actos electorales. Ambas instituciones se materializan en el INE y los 32 institutos estatales electorales y el tribunal federal y los 32 tribunales estatales electorales. Todos ellos con una estrecha coordinación funcional y una distribución de competencias y atribuciones que permite el funcionamiento de una enorme maquinaria que se guía por principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza y máxima publicidad. Siendo justos con la historia, es un modelo donde todos aportan y presentan rendimientos que han dado estabilidad política al país después de cada proceso electoral, pues todos los diferendos se desahogan por cauces institucionales.
Cuarta. Centralizar la organización de todas las elecciones en un solo organismo como se ha planteado desde hace varios años, es una propuesta que debe considerar argumentos que tengan que ver con los costos, sí, pero también con las implicaciones a la organización federal que nos hemos dado en la Carta Magna. Los OPL y los tribunales estatales cumplen funciones relevantes que tienen que ver con las características históricas de cada entidad, con la vigencia de instituciones como los sistemas normativos de usos y costumbres y con la atención y desahogo de la conflictualidad electoral local. Subsumirlos en las estructuras federales no implica ahorros en automático, dado que las estructuras federales tendrían que crecer en proporción a sus nuevas responsabilidades, a la par que se tendrían que revisar aspectos de logística como las geografías electorales, los mecanismos de los cómputos de municipios grandes y un amplio conjunto de aspectos y normas vigentes.
Quinta. El método de elección de consejeros y magistrados sigue generando discusiones sobre la imparcialidad y perfiles de los elegidos. Coincido en buscar métodos distintos, que dejen satisfechos a todos. La elección directa se ha usado en forma limitada en algunos lugares de Sudamérica sin resultados satisfactorios. Los organismos electorales son esencialmente técnicos y requieren perfiles especializados, veamos los resultados y rendimientos actuales y avancemos hacia un método que impida señalamientos hacia quienes hemos participado en los procedimientos de selección. Nuestra actuación es la mejor carta de presentación.
Sexta. Reducir espacios de representación proporcional y montos del financiamiento público puede tener consecuencias en el sistema de partidos. Si bien es uno de los temas que mayor deliberación generará debe mantenerse un modelo que respete la pluralidad y la representación de todos los segmentos de la sociedad.
Insisto, actualizar las normas electorales es fundamental para la fortaleza de nuestra democracia. En mi opinión, tiene que hacerse por la vía del consenso y con carácter inclusivo, considerando diagnósticos técnicos precisos, revisando aspectos que permitan reducir costos sin lastimar avances logrados, pero resolviendo problemáticas que hoy son evidentes y generan amplias tensiones.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
