La idea de justicia electoral
Yurisha Andrade Morales*
Sabemos que la idea de justicia electoral constituye una función esencial del Estado que tiene por objeto garantizar la preservación y correcto funcionamiento de nuestra democracia que defiende la celebración periódica de elecciones libres y auténticas, organizadas por las autoridades competentes conforme a los procedimientos y reglas establecidas por la Constitución y la ley.
Conforme al modelo electoral mexicano, al INE y a los organismos de las 32 entidades federativas les corresponde realizar las tareas administrativas que permiten la renovación de los cargos públicos, mientras que a los tribunales electorales les compete el control de la legalidad de sus actos, la resolución en última instancia de los juicios que se promueven por posibles afectaciones a los derechos político electorales de ciudadanas y ciudadanos y la resolución de controversias que se presenten durante el desahogo de los procesos comiciales.
El sistema que hemos diseñado para administrar justicia electoral implica que cuando una decisión o un comportamiento no se apega a lo previsto en la ley, estamos frente a posibles irregularidades que pueden ocasionar conflictos y que solo se corrigen a través de los medios de impugnación previstos para ello, dado que el objetivo esencial consiste en garantizar la legitimidad democrática y la credibilidad de los procesos electorales.
De acuerdo con la doctrina y los precedentes que se han establecido, la idea de justicia electoral va más allá de la simple activación de los medios impugnativos, se trata, también, de un componente central de los procesos electorales, que permite generar confianza y credibilidad en torno a la renovación de los poderes públicos y sobre la actuación de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales.
En la cadena institucional para construir confianza, los tribunales electorales son pieza clave. Toda persona, partido o candidato que considere vulnerados sus derechos puede acudir ante ellos para que se revisen los actos que a su juicio los lesionan. Su relevancia se demuestra en el proceso electoral en curso si observamos que, conforme a los datos registrados hasta el mes de julio de este año, en 31 entidades federativas, respecto a las elecciones locales se han promovido 3 mil 417 medios de impugnación.
Siendo que, de este universo, las entidades que mayor número de impugnaciones han recibido son: Veracruz con 453, el 13.2%; Tlaxcala 359, el 10.5%; Estado de México 282, que significan el 8.2%; Nuevo León 253, que corresponden al 7.4%; Michoacán con 186, para un 5.4%; y Querétaro con 182, esto es, el 5.3% del total. Mientras que los Estados que registran menos impugnaciones son: Colima con 1; Hidalgo y Quintana Roo con 11; Durango con 16; Baja California Sur con 20; y Guanajuato con 22.
Si las clasificamos por tipo de elección, la de ayuntamientos registra 2 mil 264, el 66.2% del total; la de diputados locales 760, relativas al 22.2%; mientras que las 15 gubernaturas tienen 120, es decir, el 3.5% del total. Por partido promovente, MORENA ha presentado 371, seguido de las 286 que, en su conjunto, han presentado los partidos locales; en tanto que el PAN ha promovido 244 y el PRI 214. Destaca, por otra parte, que se han resuelto 1 mil 079 medios de impugnación, estando en curso 2 mil 338.
Es mi convicción que solo a través de las elecciones una democracia da cauce y sentido al pluralismo ideológico y a la diversidad, con la participación ciudadana. En sí misma la pluralidad implica diferencias entre partidos y candidatos que defienden con intensidad sus triunfos y disputan los de sus adversarios. Y justo para resolver los conflictos es que se han diseñado los mecanismos que permiten administrar justicia electoral, por la vía de los medios de impugnación y del trabajo imparcial de sus tribunales electorales, que hoy están visiblemente saturados de trabajo, como es el caso de nuestra entidad federativa.
El compromiso consiste, entonces, en resolver la conflictualidad que entrañan los procesos electorales emitiendo sentencias construidas al amparo de la ley, con imparcialidad y con una visión que proteja los derechos político electorales de las y los ciudadanos. Se trata de garantizar que las elecciones continúen siendo el mecanismo legítimo para la renovación del poder público y el principal soporte de la estabilidad política que el país necesita.
*Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
