Interseccionalidad y justicia electoral
Yurisha Andrade Morales*
México se caracteriza por su amplia diversidad social, cultural y étnica, y porque, lamentablemente, las mujeres todavía sufren múltiples formas de discriminación vinculadas al género y a factores como su origen étnico, nivel socioeconómico, orientación sexual o alguna modalidad de discapacidad. Sabemos, por ejemplo, que una mujer indígena enfrenta problemas severos de discriminación por ser mujer, por su pertenencia a comunidades indígenas y por su condición de pobreza. A nivel nacional, el acceso a educación, atención médica y oportunidades laborales sigue siendo limitado para las mujeres indígenas en comparación con las mujeres mestizas urbanas.
Así, la interseccionalidad surge como una herramienta para entender cómo se entrelazan diferentes elementos que identifican a una persona. Se trata de la interacción entre dos o más factores sociales que definen a la persona: aspectos como el género, etnia, raza, ubicación geográfica, alguna discapacidad o la edad misma, elementos que no afectan separadamente a la persona, sino que al combinarse generan desigualdades o desventajas de naturaleza diversa.
Para una mejor comprensión, pensemos en ciertas combinaciones: una persona mujer que pertenece a una comunidad indígena (mujer + indígena) “Las mujeres indígenas se encuentran entre los grupos más pobres en términos monetarios de nuestra región. Datos del Banco Mundial revelaron que, en Bolivia, a las mujeres indígenas se les paga 60% menos que a las mujeres no indígenas por el mismo tipo de trabajo. En Ecuador, los hogares indígenas con jefatura femenina tienen 5.81% más de probabilidades de ser pobres” (Lucía Ríos, 2022).
La perspectiva interseccional permite, entonces, visibilizar cómo estas categorías se entrelazan, generando experiencias diferenciadas de desigualdad y exclusión. Desde la lente que proporciona esta herramienta podemos comprender mejor estas desigualdades y trabajar para abordarlas de manera integral, multiplicando las posibilidades de solución, dado que nos proporciona un marco más completo para visibilizar estas complejidades, permitiendo que las políticas y las acciones afirmativas sean más inclusivas y efectivas. Sin embargo, a pesar de avances legislativos y de las propias acciones afirmativas establecidas en el ámbito político-electoral, aún persisten barreras estructurales que impiden la plena inclusión de grupos vulnerables, por lo cual debemos adoptar un enfoque interseccional para combatir la discriminación con mayor eficacia.
En los últimos años hemos observado cómo las políticas de acción afirmativa, que no consideran la interseccionalidad, corren el riesgo de ser insuficientes o ineficaces, al no atender las múltiples dimensiones de la discriminación que enfrentan los individuos. Un ejemplo está en las medidas destinadas a aumentar la participación de las mujeres en el ámbito laboral que no necesariamente resolverá las barreras adicionales que enfrentan las mujeres indígenas o las mujeres con discapacidad. Es aquí donde la interseccionalidad se convierte en una herramienta clave para diseñar políticas más inclusivas y efectivas.
En respuesta a las realidades que nos impone el ámbito político-electoral, desde 2020, el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales (OPL), aprobaron acciones afirmativas para garantizar la inclusión de mujeres indígenas, afrodescendientes, con discapacidad y personas de la comunidad LGBT+ en las listas de candidaturas registradas por los partidos políticos, reconociendo la necesidad de una representación más diversa y equitativa.
En mi opinión, siguen existiendo oportunidades para profundizar en la aplicación de la interseccionalidad en las acciones afirmativas. El fortalecimiento de las alianzas entre instituciones gubernamentales, la academia, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado permitirían un enfoque más integral y coordinado. Además, la promoción de la investigación y la recopilación de datos desagregados por género, etnia, discapacidad, orientación sexual y otros factores es fundamental para el diseño de políticas más efectivas.
La justicia de género en México debe ir más allá de la simple igualdad entre hombres y mujeres. Requiere una visión más profunda que reconozca y aborde las diferencias entre las mujeres mismas, así como las formas en que estas diferencias afectan su acceso a los derechos y oportunidades. Aquí es donde entra en juego la interseccionalidad, ya que permite que las políticas y las reformas tengan en cuenta las múltiples dimensiones de la identidad que afectan a las mujeres (INMUJERES, 2010). Si bien México ha dado pasos importantes en la implementación de acciones afirmativas, la adopción de una perspectiva interseccional sigue siendo un reto. Las barreras estructurales, la falta de sensibilización y el insuficiente desarrollo de indicadores específicos que tomen en cuenta la interseccionalidad dificultan el pleno avance de estas políticas.
*Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
