El uso del dinero en la política
Yurisha Andrade Morales*
El uso del dinero en la política para financiar las actividades de los partidos y para cubrir los costos de las campañas de las y los candidatos, tiene diversas aristas para el análisis y la deliberación, habida cuenta de los sesgos que puede generar en la equidad de los procesos comiciales. Sabemos que, conforme a las normas previstas en nuestro sistema electoral, es válido usar dinero privado y público para financiar las campañas, siempre y cuando no provenga de fuentes ilegítimas o sobrepase los límites que por mandato de ley establecen las autoridades electorales.
La fiscalización, como mecanismo fundamental para garantizar el principio de equidad, está diseñada para auditar e impedir que los gastos de campaña involucren dinero indebido o montos excesivos que desnivelen el terreno de la competencia en favor de alguno de los contendientes. Desde la reforma electoral de 2013-2014 el modelo de auditoría de los ingresos y gastos de partidos y candidatos para elecciones federales y locales está concentrado en el Instituto Nacional Electoral.
Implementar la rendición de cuentas para transparentar lo que reciben, cómo y cuánto gastan partidos y candidatos durante las campañas es tarea gigantesca, más aún, si consideramos las dimensiones de las elecciones ocurridas el pasado 6 de junio donde se votaron 20 mil 415 cargos públicos federales y estatales. Apenas hace tres días, el INE aprobó los dictámenes y resoluciones de fiscalización por los que se han impuesto sanciones superiores a los 1 mil 300 millones de pesos por infracciones diversas cometidas por los contendientes.
Se trata de la fiscalización más densa, voluminosa y compleja de la historia reciente del país que implicó revisar y dictaminar la información registrada en el sistema informático instalado por el INE para que los partidos informen día a día sus ingresos y gastos y para que presenten las respectivas comprobaciones. También, porque este ejercicio de auditoría puso a prueba la capacidad técnica y la experiencia de la autoridad para detectar gastos de propaganda no reportada, incluso a través de instituciones bancarias, financieras y fiscales.
Conforme a datos preliminares dados a conocer por distintos medios, el INE concluyó la fiscalización 49 días después de que finalizaron las campañas, habiéndose revisado alrededor de 39 mil 448 informes presentados por 29 mil 612 candidaturas, de las cuales fueron revisados ingresos y gastos por aproximadamente 11 mil millones de pesos. El INE también indicó, que su equipo de auditores revisó en forma aleatoria 1 millón 406 mil 126 eventos organizados por los candidatos; que se analizaron 754 mil 910 registros contables, a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF); y 24 mil 319 cuentas bancarias.
Adicionalmente, el INE sustanció poco más de 700 quejas en materia de fiscalización. Sobre éstas, fueron discutidas y aprobadas 498 resoluciones: 53 fueron desechadas; 1 fue devuelta a la Unidad Técnica de Fiscalización; 24 fueron sobreseídas; 58 fueron fundadas parcialmente; 43 fundadas en la totalidad de los agravios que en ellas se plantearon; y 319 resultaron infundadas.
Otros datos relevantes, consisten en que, del total de candidaturas auditadas, solo 269 rebasaron los topes de gastos de campaña, dos corresponden a diputaciones federales y 267 a candidaturas locales, de las que 32 ganaron la elección; mientras que, de nuevo, se corroboró que los partidos y candidatos, reciben la mayor cantidad de sanciones por ingresos y gastos no reportados a la autoridad y que son detectados a través de diversas herramientas que se utilizan en la auditoría, lo mismo que por la presentación extemporánea de la información.
Los resultados públicos de la fiscalización igual han dejado al descubierto como algunos partidos y actores políticos utilizan instrumentos novedosos de propaganda política en el mundo tecnologizado y virtual que nos rodea y que, sin duda, serán motivo de análisis de mayor alcance para pronunciarnos sobre su licitud o ilegalidad y para contestar el cuestionamiento de si con ello se desbalancea o no la cancha de la contienda electoral.
En mi opinión, la rendición de cuentas es una tarea fundamental en las democracias modernas y una herramienta eficaz para controlar los gastos excesivos que durante las campañas pudieran realizar partidos y candidatos, más aún, para evitar el uso del dinero de origen desconocido o ilícito para financiar a la política. Tenemos múltiples avances, pero es claro que nos queda un largo trecho por recorrer para volver cada vez más equitativa la contienda electoral en nuestro país, sobre todo, para que las campañas y el financiamiento de las actividades partidarias no resulten tan onerosas a las finanzas públicas.
*Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
