Designación de consejeras y consejeros
Por Yurisha Andrade Morales*
La reforma electoral de 2013-2014, permitió que los partidos y diversos actores políticos lograran incorporar cambios significativos al sistema electoral mexicano por la vía del llamado “Pacto por México”, perfilando la posibilidad de “nacionalizar” todas las elecciones y llevar al ámbito de las entidades federativas las buenas prácticas y candados de confianza que han demostrado su eficacia y buen funcionamiento en las elecciones federales y que han servido como un modelo a emular en el ámbito internacional.
Los cambios suscitaron un enorme debate sobre la naturaleza de nuestro federalismo y sus alcances, poniendo sobre la mesa de discusión las ventajas y desventajas de centralizar todo en una sola autoridad electoral y las problemáticas de desaparecer a los árbitros locales, porque sabemos, y en ello coincidieron los autores de la reforma, que existe una complejidad específica propia de cada entidad que tiene sus leyes adaptadas a sus respectivas realidades, a su historia, tradiciones y costumbres de sus pueblos históricos.
Trasladar todas las funciones al Instituto Nacional Electoral, dotarlo de atribuciones plenas para la conducción de comicios locales y federales no era la mejor solución para homogeneizar la función electoral y otorgar las mismas garantías de confianza en todas las elecciones. Se optó por un modelo mixto que mantuvo a los institutos y tribunales locales, con una redistribución de competencias y bajo la modalidad de un sistema nacional de elecciones. La designación de consejeras y consejeros de los OPL se trasladó al INE y se apostó por generar sinergias que permitan fortalecer los criterios para encontrar mejores perfiles al cargo de consejeras y consejeros locales y blindarlos de la injerencia de gobernantes en turno y, así, evitando que presionen al órgano electoral condicionando o limitando el flujo del presupuesto para el desahogo de los comicios, como sucedió en varios estados desde 2014 a la fecha.
En la búsqueda de mayor imparcialidad y profesionalismo, la designación de siete consejeras y consejeros de cada OPL se retiró de los congresos locales y se encomendó al INE. Justo por ello, la autoridad administrativa electoral está desarrollando un proceso de selección de estos funcionarios para varias entidades federativas. Se trata de otro proceso de selección apegado a la institucionalidad que busca reclutar los mejores perfiles y mantener la pluralidad de voces e ideas, que se sumarán a sus institutos locales para concretar un nuevo ciclo de renovación y fortalecimiento de los árbitros locales.
En efecto, el jueves pasado el INE aprobó la designación de un grupo de nueve consejeras que fortalecen la participación de mujeres en los OPL y que destacaron por los méritos profesionales que demostraron en los tres filtros que implica el proceso de selección: examen, ensayo y entrevistas. El nombramiento se dio con la participación de un total de 410 personas que se registraron al concurso y cumplieron con los requisitos y con la participación de instituciones que coadyuvaron con el INE, como es el caso del CENEVAL y del Colegio de México.
Sabemos que hay posturas plasmadas en iniciativas de reformas constitucionales que proponen desaparecer a los órganos administrativos y jurisdiccionales electorales de los estados para centralizar sus funciones en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero es un hecho que los resultados que ofrecen a la sociedad justifican su existencia y su viabilidad. Por ello, antes de tomar decisiones que lastimen a nuestro modelo electoral, debemos proceder a revisar con detalle los diagnósticos técnicos sobre su desempeño para defender su permanencia con hechos y aportaciones concretas y, en su caso, para incorporar ajustes que los fortalezcan.
Estoy convencida de que hay oportunidades de mejora, aspectos que deben cambiar para que nuestras instituciones sean más sólidas y eficaces para la atención de los procesos electorales y para la salvaguarda de los derechos ciudadanos. No coincido con su desaparición, pues los árbitros locales han demostrado que son necesarios para mantener una normalidad democrática que desde hace varios lustros volvió natural las alternancias en el poder y las contiendas competitivas que solo se resuelven con el voto ciudadano.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
