Democracia y derechos humanos
Yurisha Andrade Morales*
La democracia mexicana proviene de un largo proceso de evolución social y normativa. En diversas ocasiones he sostenido que nuestro sistema democrático no sería posible sin la existencia de elecciones libres, creíbles y auténticas, y menos aún, sin el desarrollo de las normas jurídicas con las que se han diseñado las instituciones que hacen posible el pleno ejercicio y respeto a los derechos humanos en el ámbito político electoral.
Sabemos que nuestros derechos a votar y ser votados requieren de instituciones independientes, autónomas y eficaces, que gocen de aceptación tanto de la ciudadanía como de los competidores, a la par de procedimientos cuyas reglas sean conocidas por todos para materializarlos, además de un contexto que garantice plenamente libertad de expresión y alternativas para decidir quién asume las responsabilidades públicas.
La dinámica política que vivimos demuestra que la existencia de procedimientos que regulen la integración de los listados nominales de electores, la instalación de casillas, la promoción de medios para dirimir las controversias electorales y mecanismos para contar los votos y conocer los resultados electorales, no son suficientes para mantener a buen resguardo nuestra democracia. La ecuación es más compleja porque requerimos mantener vigente un entorno que garantice diversos componentes que equilibren aspectos sociales, económicos, políticos, culturales y educativos.
Dichos aspectos están concernidos con premisas básicas de los derechos humanos. Sin una ciudadanía que exija el respeto a sus libertades no se sostiene ninguna democracia y la experiencia demuestra que su edificación puede llevar mucho tiempo y demolerse de manera rápida.
Es ampliamente conocido que el 10 de diciembre de 1948, la Organización de las Naciones Unidas emitió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como un instrumento orientado a reivindicar la dignidad humana y a disminuir los riesgos de sistemas de gobierno antidemocráticos, autoritarios o totalitarios que anulan las libertades individuales y colectivas.
En materia electoral, la Declaración reconoce que todas y todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la integración de sus gobiernos, directamente o por representantes libremente escogidos, con derecho de acceso a las funciones públicas en condiciones de igualdad y principalmente, a expresar su voluntad “mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse en forma periódica, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto”.
Desde entonces los Estados modernos encauzaron los derechos fundamentales de las personas en una ruta de ampliación progresiva. En nuestro país, con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 conseguimos avances fundamentales al establecer que todas las personas “gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.
En la misma ruta, las seis reformas electorales ocurridas entre 1989-1990 y 2013-2014, colocaron al voto como elemento de igualdad entre los electores, con el principio de que no es determinante el género, religión o condición social o económica de quienes acudan a las casillas. La fórmula democrática universal es simple: un ciudadano o ciudadana es igual a un voto, con el mismo peso y con el mismo poder de decisión.
Pese a notables esfuerzos, todavía no tenemos normas definitivas para regular el juego político, más aún, estamos en la antesala de una nueva reforma electoral que modificará diversos elementos del sistema nacional de elecciones y, ante su inminencia, no debemos olvidar, que el entorno de nuestra democracia solo se materializa si se logran acuerdos periódicos para fortalecer la defensa del principio de progresividad en favor de las libertades, derechos y garantías que caracterizan al sistema político mexicano.
La democracia exige modalidades que la ajusten progresivamente y la fortalezcan, no puede limitarse a redacciones simuladas de la ley o a ejercicios en las urnas que siendo legítimos son insuficientes por sí mismos, porque después de las elecciones la vida democrática presenta diversas formas de participación. Es fundamental que los órganos legislativos y las instituciones electorales incluyan en sus programas el compromiso de ampliar los derechos humanos en su vertiente político electoral.
Los procesos electorales recientes, en los ámbitos federal y local, arrojan diversas lecciones, realidades que deben ajustarse normativamente y la expectativa de avanzar en el fortalecimiento de nuestros derechos y de nuestra democracia. Ese sigue siendo nuestro desiderátum.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
