Democracia incluyente
Dra. Yurisha Andrade Morales*
Impulsar la igualdad de género, la no discriminación y los derechos humanos es objetivo fundamental en nuestra democracia porque brinda certeza a la sociedad michoacana de que se están fortaleciendo el conjunto de políticas públicas y de acciones afirmativas orientadas a alcanzar la paridad sustantiva y una forma de organización social en donde cualquier tipo de discriminación y violencia contra cualquier persona quede suprimida, especialmente aquella ejercida en contra de la mujer y los grupos más vulnerables, como los indígenas, adultos mayores, la comunidad LGTB+ o personas con discapacidad.
Las prácticas de discriminación y violencia tienen causas estructurales multifactoriales que refuerzan una cultura política antidemocrática: prácticas aceptadas que permiten la exclusión y obstaculizan la participación real de las personas. Son estas causas y cultura política las que deben erradicarse de nuestro entorno.
La discriminación en México, sobre todo la asociada con la pertenencia a un grupo indígena y al color moreno u oscuro de piel, es un problema que enfrenta gran parte de la población, y que supone, por sí misma, el no respeto a los derechos humanos, y en su caso, también el no respeto a la igualdad de género.
Según los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación 2017, una de cada cinco personas ha sufrido al menos un acto de exclusión, y a una de cada cuatro personas le ha sido negado algún derecho de manera injustificada por causas de su género, rasgos físicos, posición económica o edad, como atención médica y medicamentos, servicios en alguna oficina de gobierno, la entrada o permanencia a algún negocio o centro comercial, recibir apoyo de programas sociales y acceder a un crédito de vivienda o préstamo.
La misma encuesta señala que los grupos más vulnerables son los indígenas, los discapacitados, los adultos mayores y las mujeres, aunque también las personas homosexuales, y los jóvenes y adolescentes. Pero en el caso de las mujeres, la experiencia discriminatoria es todavía peor, ya que además de que pueden ser víctimas de discriminación racial por ser indígenas, discriminación socioeconómica por percibir bajos ingresos y discriminación por ser adultas mayores, son discriminadas por el hecho mismo de ser mujer.
Cuando la discriminación de género, racial y socioeconómica es permitida o tolerada, existen mayores posibilidades de que se susciten actos de violencia política y mayores resistencias a establecer relaciones horizontales o paritarias, tanto en el espacio público como en el espacio privado, dañando gravemente los derechos humanos como un todo.
La encuesta mencionada, para el caso de Michoacán, señala que en ese periodo de 2017 el 16% de la población había sido discriminada. Aunque esta cifra está por debajo de la media nacional que es del 20%, no es un indicador nada alentador, y mucho menos al cruzarse con el número mínimo de resoluciones favorables a las denuncias de violaciones a los derechos humanos en el Estado, especialmente si las víctimas son mujeres.
Por ejemplo, cuando el 62% de las mujeres discriminadas dicen que tal acción se ha debido, explícitamente, a su condición de mujer, se puede deducir, desafortunadamente, que las denuncias que algunas de ellas pudieran presentar por violencia de género tienen pocas posibilidades de prosperar, en un sistema judicial que ya por sí mantiene altos índices de impunidad.
La defensa de los derechos humanos pasa por garantizar condiciones de igualdad entre las personas y, al mismo tiempo, por establecer sanciones contra prácticas discriminatorias. Su ejercicio no es exclusivo para tiempos electorales, sino que constituye una obligación permanente, más aún cuando los derechos humanos se han colocado como tema central en nuestro país.
Con la reforma constitucional de 2011 se dio un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y la sociedad, ya que se colocó a la persona como el fin de todas las acciones del gobierno. Entre otras modificaciones, la reforma incorporó los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales, la obligación de las autoridades de preferir la norma o la interpretación más favorable a la persona (principio pro persona) y, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
En esta sintonía, cabe destacar que el pasado 10 de diciembre la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión reformó el Código Penal Federal para incorporar varias figuras que contribuyan a sancionar los actos de discriminación racial.
Si bien es cierto que en los últimos años ha habido avances importantes, especialmente en materia de igualdad de género y violencia política contra las mujeres, todavía es necesario trabajar en la consolidación de los logros alcanzados. Asimismo, es fundamental seguir impulsando iniciativas y estrategias para atender aquellos aspectos que permanecen descuidados.
El esfuerzo de nuestras instituciones para lograr que en el país coexistan la igualdad democrática y el ejercicio pleno de los derechos políticos y ciudadanos son prioritarios. En las elecciones venideras, las autoridades electorales debemos cuidar este aspecto; pasados los comicios, ésta será una tarea permanente en la que el compromiso es avanzar.
* Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
