| Con el objetivo de fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios de Michoacán y sancionar a quienes cometan un delito, el diputado Humberto González Villagómez propuso reformar el Código Penal para el Estado, para que se castigue a los custodios o servidores públicos que faciliten el acceso o manejo de tecnologías o sustancias y objetos al interior de las cárceles, con una pena de 2 a 5 años de prisión, destitución del cargo e inhabilitación de hasta cinco años. Durante la sesión virtual, el diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, planteó que se castiguen las conductas indebidas del personal de los Centros Penitenciarios y se les sancione con dos a cinco años de prisión y de 100 a 400 días multa, así como la destitución definitiva del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñar otro de dos a cinco años. En ese sentido, propone que todo aquel custodio o servidor público que propicie daño a las personas, lugares, instalaciones u objetos, que se encuentren bajo su cuidado sean sancionados, así como si permiten, toleran o facilite la introducción, uso y consumo de drogas, o enervantes, armas, celulares o apoyen en ingreso de personas con fines de comercio sexual, dinero y equipos de radio comunicación. Humberto González expuso que tras una reunión con el titular del Sistema de Centros Penitenciarios de Michoacán, se conoció que la introducción de objetos y sustancias prohibidas a los centros penitenciarios trae consigo el incremento de la inseguridad tanto al interior, como al exterior, problemática ya vigente en otras entidades federativas, y que ha sido reiterada por la opinión pública, llamando la atención sobre la posibilidad de que los centros de rehabilitación se vuelvan focos de atención por la aglutinación de actividades delictivas, las llamadas “escuelas de crimen”. Por ello, dijo que el sistema de ejecución de penas requiere trabajar con estrategias que garanticen la confiabilidad de los policías custodios y encargados dentro de su estructura institucional, así como de la toma de decisiones informada y consciente de las necesidades de dichos centros. Con esta iniciativa, dijo que se busca fortalecer la legislación y aportar para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad, así como la procuración para evitar la reincidencia delictiva, por lo que es necesario estructurar la normativa, para que los custodios o servidores públicos que realicen cualquier tipo de comisión o cargo al interior de dichos centros, sea verificado, y se le sancione cuando en colaboración, o bajo una tolerancia ilícita permita el acceso o manejo de tecnologías o sustancias y objetos que permitan que las personas ya detenidas sigan cometiendo acciones que pongan en riesgo a la seguridad de las personas tanto del interior como del exterior de los centros de detención. El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD expuso que, el Sistema de Centros Penitenciarios del Estado, ya se encuentra facultado para implementar medidas de vigilancia especial, para evitar que las personas privadas de su libertad incurran en conductas violentas en contra de otras personas detenidas, así como en contra del personal penitenciario o visitantes de los centros. Sin embargo, dijo que el tipo penal sancionatorio para los propios servidores públicos requiere de un fortalecimiento, que, a la vez, sirva de fundamento para la separación del cargo de personas que atentan contra la seguridad de estos centros de ejecución. Por ello, Humberto González propone que se adecuen los supuestos punitivos relativos al ejercicio ilícito de los servidores públicos, para lo cual se reforma y adicionan las fracciones correspondientes para sancionar a aquellas personas que tengan un empleo, cargo o comisión en los centros penitenciarios comentan una acción indebida, y ayuden a los internos a que tengan las herramientas para seguir delinquiendo desde su interior. Con las reformas propuestas, se fortalece la legislación para que las personas que delinquen sean sancionadas, además de que se aporta a mejorar las condiciones preventivas en materia de seguridad, y se fortalece la estructura institucional. |
