Voto de personas en prisión preventiva
Yurisha Andrade Morales*
Conceder e implementar el derecho al voto para las personas privadas de su libertad, es tema polémico de larga historia. En México, durante la última década, ha sido objeto de intensos debates, sobre todo cuando se tienen a la vista las experiencias de diversos países que han logrado desarrollar modelos de votación para internos en los penales. Los casos de Argentina, Ecuador, Colombia, Canadá, Costa Rica, España o Irán, entre otros, son ejemplos concretos que aportan lecciones importantes.
Esta deliberación se ha nutrido de investigaciones académicas que aportan argumentos y estudio de casos concretos, como la obra “Mujeres privadas de su libertad y el derecho al voto: de objetos de normas a sujetos de ciudadanía”, investigación de la politóloga italiana Corina Giacomello publicada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2016, donde se analiza la situación de las reclusas del Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México.
Los estudiosos y analistas del tema plantean la interrogante respecto a si se debe suspender el derecho a votar por estar cumpliendo una condena en prisión. A nivel institucional, una primera respuesta la dio el Pleno de la SCJN, cuando el 26 de mayo de 2011 resolvió una contradicción de tesis concluyendo que la suspensión de los derechos político-electorales solo se actualiza cuando el procesado se encuentra formalmente en reclusión penitenciaria. La jurisprudencia P./J.33/2011 específica que el derecho al voto se suspende por el auto de formal prisión o de vinculación a proceso, solo cuando el procesado esté privado de su libertad. Esto quiere decir que aquellas personas que llevan su proceso penal en libertad no pierden el derecho al voto.
Como parte de esta construcción progresiva del derecho humano al sufragio, también cabe mencionar que en 2016 algunos legisladores propusieron eliminar la fracción II del artículo 38 constitucional, en el que se señala que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden “por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión”. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó.
Más adelante, el 20 de febrero de 2019, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver un juicio para la protección de los derechos político-electorales de dos indígenas tzoltziles, recluidos en el Centro Estatal de Reinserción Social “El Amate”, del municipio de Cintalapa, Chiapas, a quienes no se les había dictado sentencia condenatoria, determinó que sus reclamos eran fundados y que las personas en prisión sin sentencia condenatoria tienen derecho a votar porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia, a partir de tres argumentos centrales.
Primero que el derecho a votar únicamente puede suspenderse cuando exista una sentencia condenatoria; segundo, que el voto activo es un elemento de socialización y no existen razones suficientes para que una persona sujeta a un proceso penal privada de su libertad no pueda ejercerlo; y, en tercer lugar, que tutelar el derecho al voto de personas recluidas sin sentencia condenatoria constituye una medida de visibilización dirigida a un grupo vulnerable.
Conforme a esta lógica, el Tribunal ordenó al INE implementar un programa para garantizar el Voto de Personas en Prisión Preventiva (VPPP) en las elecciones federales del 2024, debiendo realizar una prueba en el Proceso Electoral 2020-2021, por lo que el INE aprobó la aplicación de una prueba piloto para que las personas que se encuentran en prisión preventiva en cinco Centros Federales de Readaptación Social, ubicados en los Estados de Sonora, Guanajuato, Michoacán, el femenil de Morelos y Chiapas, puedan votar para la elección de diputaciones federales.
El modelo que se pondrá a prueba es de votación anticipada. Esto significa que el 17 de mayo cada CEFERESO seleccionado instalará las mesas de votación para recibir las boletas de los internos, las cuales se contabilizarán por los Funcionarios de Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de Personas en Prisión Preventiva hasta el día 6 de junio. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la población total de esos cinco penales asciende a 2 mil 185 personas, de las cuales mil 680 son hombres y 505 mujeres.
Conforme al Modelo de Operación del Voto de las Personas en Prisión Preventiva, se identifican dos grandes momentos para su implementación: el primero consiste en las actividades previas a la jornada electoral, como son la conformación de la Lista Nominal de Electores en Prisión Preventiva, que tendrá su corte al 28 de febrero y la integración de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de Personas en Prisión Preventiva y la capacitación de los ciudadanos que fungirán como funcionarios de las mismas.
El segundo momento tendrá lugar en el mes de mayo, se prepararán los materiales y la documentación electoral que se utilizará en los penales, se llevará a cabo la votación anticipada en un horario de 08:00 a 17:00 horas, la cual podrá extenderse hasta por un máximo de tres días consecutivos y finalmente se procederá al escrutinio y cómputo de los votos en cada distrito electoral para luego incorporar los resultados al PREP.
La implementación de esta prueba piloto es una medida orientada a maximizar derechos humanos y a fortalecer el sistema de democracia que nos hemos dado. Avanzamos en la consolidación del Estado de Derecho y en la posibilidad de generar condiciones que potencialicen los derechos de todos. En este proceso electoral estará a prueba una tarea más de la autoridad electoral, pero también figuras novedosas como el voto anticipado para personas privadas de la libertad sin sentencia definitiva. Desde nuestras respectivas funciones aportemos los elementos a nuestro alcance para garantizar el éxito en esta encomienda.
* Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
