La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general este jueves 22 de agosto el dictamen constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador que incorpora la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En una discusión de casi dos horas, la oposición advirtió que la mencionada propuesta “perfecciona la militarización del país”, mientras que Morena y sus aliados replicaron que de esta forma se combate al crimen con mayores medidas de cooperación y con la posibilidad de que la GN realice sus propias investigaciones.
La reforma busca revertir el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de abril del año pasado, que ordenó retirar el mando operativo y administrativo de la GN al Ejército y devolverlo a más tardar el 1 de enero de este año, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
🔴 #ÚLTIMAHORA I La Comisión de Puntos Constitucionales aprueba en lo general el dictamen para que la Guardia Nacional pase a la Sedena. pic.twitter.com/Ho9gC3Z18s
— Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 22, 2024
Además, los diputados de oposición acusaron que con esta reforma se debilita al Ejército y se deja sin posibilidades de operar al próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
En el artículo sexto transitorio del dictamen se establece que se transferirán a la Sedena “los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación”. Sin embargo, la SSPC formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los programas, políticas y acciones respectivas.
El titular de la Comandancia de la Guardia Nacional, que ostentará el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo, será designado por el presidente de la República, a propuesta del secretario de Defensa Nacional.
Además, se establece que la investigación de los delitos corresponderá al Ministerio Público, a los policías y a la Guardia Nacional. Asimismo, la Guardia Nacional se regirá por su propia ley, como en el caso de los militares, los marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de instituciones policiales.
