Tribunales electorales y democracia
Yurisha Andrade Morales*
Democratizar al sistema político mexicano ha requerido de múltiples esfuerzos de autoridades, partidos y ciudadanía. En los últimos treinta y dos años testimoniamos una transformación palpable de nuestra vida democrática que se expresa en la organización de elecciones creíbles y auténticas, así como en robustos mecanismos para garantizar derechos ciudadanos con una visión progresiva e incluyente. No es exagerado decir que nuestra democracia política es producto de reformas electorales sucesivas nacidas de acuerdos políticos claros y de su correcta implementación.
En el nacimiento del Estado mexicano y de la conformación de nuestra nación los comicios fueron responsabilidad de gobiernos federal, locales y municipales. Los partidos aparecieron hasta la segunda mitad del siglo XIX en medio del caos y de la inestabilidad política, teniendo participaciones marginales en las casillas integradas por ciudadanos que fueron elegidos por los propios gobiernos. Las quejas, cuando había, eran resueltas por los organismos administrativos, pues no existían medios de impugnación ni garantías procesales, así que la legalidad de los procesos electorales y de sus resultados dependía más de decisiones políticas que del arbitraje de organismos especializados.
Nuestra evolución indica que el origen y desarrollo de las instituciones de la democracia tienen vinculación con la pluralidad de expresiones de la sociedad, la competitividad en la lucha por el poder y la diversidad de ideas que posibilitó el surgimiento y desarrollo del moderno sistema de elecciones que tenemos, pero el pluralismo político y la competitividad exigieron instituciones capaces de procesar la lucha por el poder público y su renovación periódica. En este devenir, los organismos jurisdiccionales electorales son producto tanto de los cambios legislativos como de su propia transformación y de los criterios jurisprudenciales que han emitido. Sabemos que la justicia electoral tiene, en la jurisprudencia, una de las herramientas más importantes para ampliar los alcances de los derechos de participación política de la ciudadanía.
Es consustancial a la justicia electoral el surgimiento de una problemática amplia que deriva de la coexistencia de diversos organismos a nivel estatal y federal, así como del talante de jueces y juezas que tenemos la responsabilidad de administrarla y que sustentamos distintos criterios jurídicos; así como la distribución de atribuciones en un sistema mixto de control de leyes electorales a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el control abstracto, y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el control concreto que le corresponde.
Los tribunales electorales tenemos como función principal garantizar elecciones libres, auténticas y periódicas, en las que los ciudadanos ejerzan sus derechos políticos a plenitud y con libertad. Si el voto de los electores es universal, libre, secreto y directo y su ejercicio determina quién ocupa las responsabilidades del poder público, nuestra actuación debe garantizar procesos eleccionarios apegados a la constitución y a los principios que nos rigen. A lo largo de las últimas décadas hemos constatado como las autoridades electorales enfrentamos vacíos legislativos ante los problemas que surgen durante las elecciones, así que al ejercer nuestras atribuciones hemos emitido criterios que buscan condiciones de equidad en la contienda y absoluta igualdad en el ejercicio de derechos de las personas.
El funcionamiento y resultados de los tribunales electorales en el ámbito federal y de los estados demuestra que la función jurisdiccional electoral está comprometida con la protección de los derechos políticos y que, particularmente en los procesos comiciales de 2021, logramos avanzar en la construcción de la igualdad sustantiva, de una democracia más incluyente que proteja los derechos de grupos en condiciones de vulnerabilidad y en desventaja histórica, como son los de indígenas, mujeres, jóvenes y personas con alguna discapacidad.
Como integrante del Tribunal Electoral de Michoacán mi convicción es que, a pesar de que hay muchas asignaturas pendientes, hemos logrado imprimir certeza a las elecciones y actuar con transparencia. La estabilidad política del Estado mexicano depende en buena medida de los rendimientos de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales. Nuestra historia reciente indica que trascendimos de la calificación política a cargo de los colegios electorales al control judicial estricto de los procesos electorales, a través de un moderno sistema de medios de impugnación y de tribunales especializados que defienden por igual a todos los electores y resuelven con imparcialidad los diferendos que plantean los partidos. Ese es el rol de nuestras instituciones y su aportación al desarrollo democrático de México.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
