Morelia, Michoacán, 2 de junio de 2026. La Fiscalía General del Estado de Michoacán fortalece una nueva etapa institucional orientada a reducir espacios de impunidad, mejorar la calidad de las investigaciones, revisar con mayor rigor las salidas ministeriales y garantizar mayor reparación para las víctimas, afirmó el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, durante el evento “Justicia con Resultados”.
En el encuentro, realizado en el Auditorio del Palacio de Justicia “José María Morelos”, se presentó la Radiografía de la Impunidad 2024, estudio de México Evalúa que ubica a Michoacán como la entidad con menor impunidad penal institucional entre los estados analizados, con 67.68 por ciento, frente a una media nacional de 89.42 por ciento.
Torres Piña señaló que este dato reconoce capacidades institucionales relevantes del sistema penal michoacano, particularmente en el uso de mecanismos alternativos de solución de controversias; sin embargo, subrayó que no debe leerse como una medalla, sino como una hoja de ruta para seguir fortaleciendo la procuración e impartición de justicia.
“El informe reconoce avances, pero también señala retos. Por eso, desde julio de 2025 iniciamos una etapa de fortalecimiento institucional para revisar criterios, ordenar procesos, mejorar controles, exigir mayor calidad en las investigaciones y poner a las víctimas en el centro”, destacó.
El Fiscal General explicó que uno de los primeros puntos atendidos fue el No Ejercicio de la Acción Penal, determinación legal que debe aplicarse sólo cuando procede y no como sustituto de la investigación. En el periodo julio 2024-abril 2025 se registraron 19 mil 728 determinaciones de este tipo, mientras que en julio 2025-abril 2026 la cifra bajó a 9 mil 259, lo que representa una reducción de 53.1 por ciento.
También se redujo el archivo temporal, figura que, sin revisión y seguimiento, puede convertirse en una zona de estancamiento para las carpetas. En el periodo comparado, los archivos temporales pasaron de 20 mil 852 a 11 mil 541, una disminución de 44.7 por ciento.
“Este dato muestra una decisión institucional: no queremos carpetas inmóviles. Queremos carpetas revisadas, fortalecidas y determinadas con mayor responsabilidad”, afirmó Torres Piña.
Otro de los avances destacados corresponde a las vinculaciones a proceso, que pasaron de mil 452 a mil 756 entre julio 2024-abril 2025 y julio 2025-abril 2026. Esto representa 304 vinculaciones más, equivalentes a un incremento de 20.9 por ciento, lo que muestra que más investigaciones están superando el control judicial y avanzando formalmente dentro del proceso penal.
El Fiscal General subrayó que la justicia con resultados no depende de una sola institución, por lo que reconoció la coordinación con el Poder Judicial de Michoacán. Explicó que la Fiscalía investiga, integra carpetas, solicita actos judiciales, coordina operativos, judicializa y litiga, mientras que el Poder Judicial controla la legalidad, conduce audiencias, resuelve y garantiza el debido proceso.
“Ninguna institución reduce sola la impunidad. La justicia con resultados se construye como sistema, con coordinación técnica, respeto institucional y continuidad entre cada etapa del proceso”, expresó.
En materia de litigación, la Fiscalía también reportó una reducción en sentencias absolutorias. En julio 2024-abril 2025 se registraron 117 sentencias absolutorias, mientras que en julio 2025-abril 2026 la cifra bajó a 79, una disminución de 32 por ciento. Torres Piña aclaró que una absolución forma parte del debido proceso, pero que una reducción en este indicador refleja mayor cuidado en la integración de los casos, en la teoría del caso y en los filtros de viabilidad probatoria.
Además, la Fiscalía fortaleció el seguimiento de acuerdos reparatorios. En julio 2024-mayo 2025, el monto total recuperado mediante seguimiento de acuerdos fue de 38.5 millones de pesos; para julio 2025-mayo 2026, el total subió a 74.9 millones de pesos, un incremento aproximado de 94.5 por ciento.
Los inmuebles recuperados también aumentaron de 25 a 43, mientras que su valor pasó de 15.2 millones a 40.8 millones de pesos. Con ello, la justicia alternativa se orienta no sólo al cierre de asuntos, sino a una reparación real y verificable para las víctimas.
Torres Piña sostuvo que reformar una Fiscalía implica asumir retos de fondo: revisar inercias, fortalecer capacidades, mejorar controles internos y elevar la calidad del trabajo ministerial, pericial, policial y de litigación.
“No venimos a administrar indicadores. Venimos a transformar diagnósticos en acciones. No venimos a presumir cifras aisladas. Venimos a demostrar que los problemas detectados pueden atenderse con método, coordinación y resultados medibles”, afirmó.
Finalmente, el Fiscal General reiteró que Michoacán parte de una fortaleza reconocida en 2024, pero que lo más importante es consolidar una nueva etapa hacia adelante: con más investigación, más control, más reparación, mejor coordinación con el Poder Judicial y mayor capacidad institucional para reducir espacios de impunidad.
