Los fiscales españoles han presentado una segunda petición fiscal contra Shakira, acusándola de defraudar al Estado por 7 millones de dólares (más de 122 millones de pesos) desde 2018, según un documento de investigación presentado por Reuters. Shakira decidió previamente ser juzgada en Barcelona en noviembre en un caso en el que niega no haber pagado 14,5 millones de euros en impuestos entre 2012 y 2014, por lo que podría enfrentarse a hasta ocho años de prisión.
Los fiscales dicen que el cantante vivía en España y por lo tanto tenía que pagar allí impuestos sobre todos sus ingresos mundiales, independientemente de dónde los obtuviera. En cambio, dicen, dirigió el dinero a “empresas con sede en países con impuestos bajos y muy opacos”.