Seguridad y violencia electoral
Yurisha Andade Morales*
En marzo pasado, las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Gobernación, el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera, dieron a conocer la Estrategia de Protección en el Contexto Electoral, cuyo objetivo es detectar amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar acciones del crimen y la delincuencia que asesina, extorsiona, coopta y secuestra a aspirantes, candidatos y servidores públicos, sobre todo del ámbito municipal.
En el diagnóstico de la Estrategia se advierte que la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco cuentan con un repertorio variado de acciones para incidir en la elección, ya sea mediante estrategias de complicidad o presiones violentas, como asesinatos o amenazas, cooptación, imposición, financiamiento y complicidad.
Destaca que, a los estados con violencia política histórica, como Veracruz, Guerrero y Oaxaca, se han sumado otras entidades federativas consideradas de alto riesgo como Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas y Michoacán.
Entre las pautas generales de acción, la Estrategia de Protección del Gobierno Federal puntualiza las alertas para prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada, las medidas de protección a personas candidatas amenazadas y los protocolos territoriales especializados.
Pese a los esfuerzos de los gobiernos estatales y federal, en las últimas semanas la ciudadanía ha atestiguado el clima de inseguridad y violencia que se vive en el país, relacionado directamente con los comicios electorales. Según los datos de la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, hasta mediados de este mes de mayo se habían registrado 13 casos graves de denuncias por amenazas electorales contra candidatos, así como 144 casos relevantes y 158 casos preventivos.
No obstante que esta Secretaría ha atendido y analizado 234 casos de amenazas o agresiones, de los cuales 133 son hombres y 101 mujeres, los ataques no han cedido e incluso, en algunos casos, han sido letales. En los últimos días, los medios de comunicación dieron a conocer hechos de violencia electoral contra candidatas o candidatos, miembros de sus familias, personal de sus equipos de campaña, militantes o ciudadanos involucrados de alguna forma en la actividad proselitista.
En ciertos casos, la violencia se debe a una total falta de respeto y tolerancia a opiniones o preferencias políticas distintas, como la agresión física a la candidata por el Partido Acción Nacional a la regiduría del municipio de Tamasopo, San Luis Potosí.
En otros, la violencia emerge cuando un grupo de ciudadanos se siente defraudado por la clase política y considera válido hacerse justicia por propia mano, como lo demuestra la simulación de ahorcamiento del candidato del Partido Movimiento Regeneración Nacional a la alcaldía de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
Pero en algunos más, la violencia procede de grupos de la delincuencia organizada que buscan el control político de una región, como lo demuestran las amenazas a la excandidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo, Estado de México, por la Alianza PRI-PAN-PRD, que fue obligada a renunciar a su legítimo derecho de ser votada.
En este contexto de inseguridad y violencia electoral, ninguna candidata o candidato está exento de riesgos. Más allá de sus diferencias, como expresiones de la pluralidad política de la ciudadanía, los partidos deben procurar acciones conjuntas que permitan una contienda libre de amenazas. Las posibilidades de daño a sus integrantes y simpatizantes son reales, y la unidad es un mecanismo colectivo de protección.
Los datos que arrojan empresas privadas de consultoría y análisis complementan la información gubernamental al respecto, permitiendo deducir que el problema es mucho más serio y profundo de lo que quisiéramos.
El Cuarto Informe de Violencia Política en México 2021 de Etellekt Consultores, una compañía dedicada al análisis de riesgos, destaca que las 476 agresiones en contra de políticos, aspirantes y candidatos en el actual proceso, se han verificado en 31 entidades y 321 municipios de la república, forzando a que 17 aspirantes y candidatos, al momento, hayan abandonado la contienda.
Integralia Consultores señala que, desde el inicio del proceso electoral en septiembre de 2020 a abril de 2021, han sido asesinados 143 personas involucradas en la actividad política. Desafortunadamente, Michoacán ocupa el séptimo lugar como una de las entidades con el mayor número de víctimas mortales con 9 casos, solo por debajo de Oaxaca, Veracruz, Baja California y Guanajuato, y a la par de Jalisco y Guerrero.
Como ya lo he mencionado en otros espacios, en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán reprobamos cualquier tipo de acción o conducta, provenga de quien provenga, que atente contra la integridad física o psicológica de los ciudadanos involucrados en este proceso electoral en la entidad.
Siendo el cuerpo colegiado que tiene la responsabilidad de constituirse como la máxima autoridad electoral jurisdiccional en el Estado, nos preocupa que estas expresiones contribuyan a generar un ambiente hostil para inhibir la participación de la ciudadanía en las urnas.
Por eso, ahora desde este medio, en mi carácter de magistrada presidenta, exhorto a las autoridades competentes a garantizar la seguridad de todos los actores y ciudadanos para que prevalezca el Estado de Derecho que exige la vida democrática de nuestra sociedad.
*Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
