El Derecho a la Ciudad
ROZA Y QUEMA… DE NUESTRO FUTURO
Salvador García Espinosa
Desde hace aproximadamente un mes, en las principales ciudades de Michoacán se han agudizado los efectos de la “tradicional” práctica de la quema agrícola. Los efectos nocivos de tales quemas resultan difíciles de cuantificar, pero es por demás evidente su manifestación. En algunos días, el humo generado por las quemas es tan significativo, en la ciudad de Morelia, que genera un ambiente que puede confundirse con un día nublado, dado lo denso del humo, sin embargo, se sabe que se trata del producto de incendios forestales por el olor característico.
Lo grave del asunto es que las quemas agrícolas constituyen una fuente importante de emisión de contaminantes al aire. Se estima que la quema de biomasa, como madera, hojas, árboles, pastos y demás residuos agrícolas, produce en el ámbito mundial el 40% del dióxido de carbono (CO2), 32% del monóxido de carbono (CO), 20% de la materia particulada o partículas de materia suspendidas (PM) y 50% de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP). Así es, aunque nos quejemos de la contaminación del aire por el olor o la falta de visibilidad, en realidad se generan serios problemas relacionados con la salud, ocasionados al respirar las partículas suspendidas y los gases generados.
De todos es sabido de que se trata de una práctica derivada del sistema agrícola de la milpa de origen prehispánico, en donde el maíz era el cultivo principal, junto con el frijol, calabaza y frutales. El sistema conocido como “roza, tala y quema” consiste en un método utilizado para desmontar los terrenos, se derriban los árboles, junto con los arbustos y demás vegetación. Los registros indican que antiguamente, los campesinos después de limpiar el terreno cultivan milpa de uno a tres años en la misma parcela y posteriormente dejaban descansar el predio durante un periodo de 15 a 20 años. Este periodo es conocido como barbecho, y es cuando las plantas absorben nutrimentos de los estratos inferiores del suelo y los depositan en la superficie en forma de hojarasca y otros tejidos muertos; de esta manera son restituidos la materia orgánica, los minerales y las condiciones físicas que posteriormente serán aprovechadas cuando se vuelva a cultivar.
Sin embargo, esta práctica se ha modificado, y en muchos lugares ya no se presenta la rotación de los predios o el período de barbecho, sino que se reduce a “tala y quema”, es tan común que a principios del presente siglo estimó que al menos 200 millones de personas pertenecientes a diversos grupos culturales en distintos sitios que van del sudeste asiático, África, el Pacífico, hasta América Central y del Sur, practican esta práctica de quemas agrícolas en una superficie aproximada de 40 millones de kilómetros cuadrados.
Uno de los principios más conocidos para afrontar los efectos del Cambio Climático señala “piensa globalmente, actúa localmente”, su vigencia radica en que, frente a problemas mundiales, nuestra responsabilidad es actuar en el ámbito más cercano, donde se tiene estrecho contacto con el ámbito social y territorial.
La necesidad de actuar localmente nos lleva a la aceptación tácita de que, como bien señaló el filósofo Jaime Labastida “existen muchos méxicos, que la pluralidad de lenguas, costumbres, ritos y culturas definen la riqueza de un País diverso, un concepto diferente al que propusieron desde la mitad del siglo XIX filósofos e intelectuales, al querer definir la esencia única de este País”. Sin embargo, en algunos aspectos el siglo XIX, pudiéramos pensar que no ha sido superado, y me refiero a la práctica común de los gobernantes de que, ante la imposibilidad de resolver un problema, en este caso la quema agrícola, optan por aceptarla, reconocerla y legislarla.
Para este caso específico, el 16 de marzo del 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana-015-SEMARNAP/SAGAR-1997, y se modificó mediante decreto del 16 de enero del 2009. Esta Norma oficial Mexicana tiene por objeto “regular el uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios, y establece las especificaciones, criterios y procedimientos para ordenar la participación social y de gobierno en la detección y el combate de los incendios forestales.” Que a juzgar por los resultados no ha cumplido su objetivo, pues cada año son más las superficies afectadas, intencional o accidentalmente, para propiciar el cambio de uso de suelo.
En este escenario de “muchos méxicos” podría pensarse que los campesinos que aún recurren a esta práctica agrícola, lo hacen por falta de información que les permita aumentar la productividad de su parcela, a lo que se suma la falta de apoyos al campo o el insuficiente financiamiento para nuevas tecnologías, tal como sería el caso de miles de pequeños agricultores de ese ámbito rural al que no ha llegado el México del siglo XXI.
En el otro extremo, y me atrevo a pensar que, en su mayoría, es el caso de lo vivido en Michoacán, se trata de una práctica de quema, para propiciar el cambio de uso de suelo, para acabar con bosques y extender las huertas de aguacate; pero donde al parecer tampoco aplica la Norma Oficial Mexicana, ante el blindaje de impunidad creado ante los intereses económicos que genera el cultivo del aguacate.
La alta rentabilidad del cultivo de aguacate no puede explicarse, sin el uso y abuso que se hace de los recursos naturales como el agua y, obviamente el suelo, que no necesariamente son considerados en su costo real para efectos de la producción. El geógrafo inglés David Harvey, acuñó el concepto de “acumulación por desposesión”, para explicar que la necesidad de reproducir el capital ha llevado a buscar nuevos ámbitos que garanticen acrecentar los recursos económicos, aún a costa de sectores empobrecidos sobre los que se basa la sobreacumulación del capital. No se trata de un discurso marxista, sino de una interpretación que nos posibilita comprender, mas no justificar, lo que acontece en Michoacán y otras entidades del país. En otras palabras, la alta demanda del aguacate en el mercado mundial permite la generación y reproducción del capital con altos rendimientos, lo que incentiva la especulación con el uso de suelo, a costa de aspectos fundamentales como bosques, agua y a los que habría que sumar los derivados de la contaminación ambiental que provoca la quema de bosques.
Es una utopía pensar que podemos seguir viviendo así, explotando los recursos naturales de forma tan irracional. Exportar aguacates es exportar agua, ampliar su cultivo con base en la creciente demanda es acabar con gran parte de la biodiversidad del territorio michoacano. La riqueza que hoy genera la comercialización de este cultivo con ventas estimadas en más de 3 mil de millones de dólares anualmente, son insignificantes ante el impacto que causaría el deterioro ambiental, si no se detiene. Debemos dejar de pensar a corto plazo y asumir el reto que implica una visión a largo plazo, sólo así será factible alcanzar esquemas de sustentabilidad imprescindibles para garantizar la vida humana en el Planeta.
