Revocatoria del mandato: ejercicio ciudadano
Yurisha Andrade Morales*
La revocación de mandato, esencialmente, es un mecanismo de democracia participativa directa por el cual los ciudadanos pueden ejercer su “soberanía” para retirar anticipadamente de un cargo público a un gobernante o representante popular. Promoverlo puede estar a cargo de una autoridad facultada para ello o por un porcentaje de ciudadanos, como ahora ocurre en México, conforme a nuestra legislación.
Si bien se trata del mecanismo institucionalizado para retirar el mandato dado en las urnas a un servidor público, antes de que concluya el periodo, en rigor se asemeja al mecanismo de “accountability” o de responsabilidad directa y rendición de cuentas frente a la ciudadanía por ciertas deficiencias en las gestiones de los gobernantes.
Para México será novedoso implementar, por vez primera, una revocatoria de mandato para el presidente de la república, como ya ocurrió en otros países de América Latina, los casos de Hugo Chávez en Venezuela o Evo Morales en Bolivia, así lo ejemplifican, sin que ninguno haya sido removido. La regulación es nueva en el ámbito federal, pero no en el de los Estados de la república donde al menos 9, entre 2015 y 2019, ya habían incorporado en sus constituciones esta modalidad: Chihuahua, Oaxaca, Yucatán, Nuevo León, Baja California, Aguascalientes, Ciudad de México, Colima y Jalisco.
La reciente aprobación de la legislación en la materia da cumplimiento al mandato que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, al determinar que los legisladores contarían con 30 días a partir del 1 de septiembre para emitir la Ley. Así, los lineamientos previamente aprobados por el INE tendrán que ajustarse en las partes conducentes para que durante el mes de marzo de 2022 vivamos esta nueva experiencia democrática.
Como sabemos, será necesario que, al menos, el 3% de las y los ciudadanos inscritos en los listados nominales de electores soliciten al INE convocar al ejercicio, deberán pertenecer, al menos a 17 entidades federativas y significar, por lo menos, el 3% de las personas inscritas en la lista nominal de cada una de dichas entidades. Al final, para que el ejercicio sea válido para remover al presidente o para ratificarlo en su cargo, se requerirá la participación de, al menos, el 40% de todos los electores, poco más de 37 millones, y será vinculante la decisión que tome la mitad más uno de ese universo.
Otros países ensayan la revocación de mandato como fórmula para contrarrestar la deslegitimidad de sus presidentes, pues teóricamente este mecanismo fortalece la decisión de los ciudadanos depositada en las urnas y les permite controlar el plazo y los alcances del gobernante en turno. La revocación da a los electores que no están conformes herramientas para que a través de las propias urnas impulsen la renovación del poder.
Diversos estudiosos de estos temas opinan, que las revocaciones de mandato se pusieron de moda en América Latina en la década de los noventa, promovida por los propios gobernantes de corte populista que constantemente buscan la aprobación y el respaldo de los votantes, una especie de autovalidación de su gestión para impulsar los cambios que consideran necesarios y para mantener el contacto directo con el pueblo.
Apenas el martes pasado, los votantes de California acudieron a las urnas en un ejercicio de revocación del mandato del gobernador demócrata Gavin Newsom, usando mecanismos presenciales y electrónicos. Recordemos que la única destitución de un gobernador en ese Estado fue en 2003, cuando le revocaron el mandato a Gray Davis, siendo reemplazado por Arnold Schwarzenegger. En esta ocasión, la revocatoria fue promovida contra Newsom, electo en 2018, por californianos conservadores que tienen desacuerdos con el gobernador demócrata en materia de inmigración, impuestos, pena de muerte y la crisis de las personas sin hogar en el Estado. Resultado: fue ratificado.
Veremos entonces cómo funciona en nuestro país, si el mecanismo se mantiene como un ejercicio ciudadano o se politiza como ya ocurrió en la consulta popular. De cualquier forma, me declaro a favor de incrementar y fortalecer estos mecanismos de democracia que involucran a todos los electores, pero, sobre todo, a favor de encontrar mecanismos que permitan su adopción sin que resulten excesivamente onerosos para las finanzas públicas. Esta es una tarea que las autoridades electorales, los legisladores, ciudadanos y partidos debemos compartir.
Igualmente debemos tener cuidado de que la aplicación de estos mecanismos nos permita corregir a los malos gobiernos sin vivir las situaciones de inestabilidad política que en otras latitudes se han dado. La revocación de mandato debe ser entendida como un mecanismo de corrección a cargo de la voluntad popular o de ratificación de un gobernante, pero sin que ello nos lleve a crisis de ruptura institucional y democrática.
*Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
