Revocación del mandato en Oaxaca
Yurisha Andrade Morales*
En otros momentos hemos reflexionado sobre la revocación del mandato como un ejercicio incorporado a nuestra Constitución y reconocido como un derecho de la ciudadanía para evaluar, a la mitad del camino, el desempeño de un funcionario público y, de ser necesario, retirarle la confianza y removerlo en forma anticipada a la conclusión del encargo, pero a través de un procedimiento institucionalizado con reglas claras y por la vía del voto, nunca por la subversión del orden establecido. Fue en 2022 cuando, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, se sometió a la evaluación de los gobernados sentando el primer precedente de nuestra historia reciente en la materia.
Luego de esa experiencia, el pasado 25 de enero, Salomón Jara, Gobernador de Oaxaca, fue el primer mandatario estatal cuya gestión fue revisada en las urnas por el electorado de su entidad federativa que suma poco más de tres millones de personas, de las cuales, conforme con cifras de las autoridades electorales locales, la participación alcanzó el 30%, siendo que la legislación exige una participación de, al menos, el 40% para que los resultados del ejercicio sean obligatorios. De cualquier manera, de los votos recibidos se desprende que el 58% de los participantes se pronunció en favor de que el Gobernador siga en el ejercicio del cargo, mientras que el 39% optó por su remoción.
El ambiente poselectoral indica que la jornada de votación no fue tersa y que afloraron diferencias entre los partidos de la coalición gobernante, en este caso entre Morena y el PT, pese a que ambos partidos postularon a Salomón Jara. Dirigentes estatales y voces relevantes del PT señalaron que en Oaxaca hay mal gobierno, nepotismo y corrupción. Benjamín Robles, comisionado nacional de ese partido, declaró ante diversos medios de comunicación: “nosotros no tenemos controversia con Morena, tenemos controversia con (Salomón) Jara, que ha sido un delincuente, ha sido un mal gobernante, ha hecho uso del nepotismo, ha generado una enorme corrupción, ha sido cómplice con delincuentes, con él no vamos ni a la esquina” (Milenio, 29 de enero de 2026).
Más allá de las tensiones políticas que se viven entre los partidos que integran la coalición gobernante y que, en el ámbito nacional afloraron a propósito de la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, la revocación del mandato debe recuperarse como un ejercicio auténtico de evaluación de la gestión de gobernantes en turno y no como una estrategia implementada por los propios gobernantes para reposicionarse ante su electorado y tampoco como un escenario para la disputa partidaria. La revocación del mandato debe preservarse como un derecho que ejercen los y las ciudadanas para ratificar o retirar confianza a sus gobernantes.
El ejercicio realizado en el Estado de Oaxaca deja lecciones importantes que deben valorarse en un momento en el cual, Morena como partido dominante, ha propuesto modificar la fecha de revocación del mandato para que este ejercicio se realice en forma simultánea a las elecciones de 2027. El momento que pretenden aprovechar para realizar el cambio constitucional sería el de la reforma electoral que, por el momento está detenida ante la postura pública del PT y del PVEM de no acompañar ni la reducción del financiamiento público partidario ni la disminución o supresión de los asientos plurinominales en la integración de los congresos.
La democracia mexicana precisa fortalecerse con una participación libre y más amplia de la ciudadanía en la toma de las decisiones que afectan a la colectividad. Los mecanismos de participación ciudadana directa, como la revocación del mandato, pueden erigirse como una vía adecuada que debe implementarse por decisión de la propia ciudadanía y no por cálculos políticos de los gobernantes.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
