Reforma y elecciones 2027
Yurisha Andrade Morales*
Como he mencionado en columnas anteriores y en diversas participaciones públicas, 2027 será un año de intensa actividad electoral. Habrán de renovarse 17 gubernaturas, congresos locales en 31 entidades federativas y ayuntamientos en 30; adicionalmente, todas las personas juzgadoras en 13 Estados y la mitad en 19, más la segunda mitad de los cargos judiciales en el ámbito federal y la cámara de las diputaciones. Se tratará, otra vez, de elecciones de una gran densidad y complejidad. Por ello, considero que la reforma electoral en marcha debe ser un espacio para modificar la normativa que regula aspectos clave de los procesos electorales judiciales, a fin de generar mejores condiciones para la organización que corresponde a las autoridades electorales.
En efecto, la reforma judicial y su implementación en las eleccionesrecientemente concluidas evidenciaron diversas problemáticas normativas y operativas, cuyas soluciones requieren ajustes para garantizar su autenticidad, permitir contiendas con apego al principio de equidad, sincronizar las atribuciones y actividades que corresponden a todas las instancias que participan en su organización y calificación, además de garantizar la autenticidad e integridad de los comicios. El punto medular que debe modificarse está en la simultaneidad de las elecciones judiciales y de todas las demás, que a la luz de las experiencias acumuladas podría volver inoperante el trabajo y rebasar la capacidad del INE, OPL y tribunales electorales.
Mi opinión es que las jornadas electorales deben separarse, no es conveniente tenerlas el mismo día; basta imaginar el escenario del 2027, dondeno se podría recibir la votación de todas las elecciones en la misma casilla, dado que los partidos no intervienen en las elecciones judiciales y se tendría que implementar el modelo seguido este año en los Estados de Durango y Veracruz, donde se instalaron dos grupos de casillas, uno para recibir la votación de ayuntamientos y otro para recibir los votos de las elecciones judiciales; ese escenario, implementado a nivel nacional, sería inmanejable para el INE, además de que las y los votantes tendrían que formarse en dos filas distintas, con el natural efecto disuasivo que se genera, pues votarían en alguna de ellas y difícilmente se formarían en la segunda fila.
También debe considerarse que los procesos de capacitación de funcionarios de casilla son diferentes, lo mismo que los materiales y documentos electorales, los formatos de boletas y actas, los procedimientos de votación y mecanismos de escrutinio y cómputo de los votos, lo mismo que la publicidad de resultados. En general, se trata de logísticas con diferencias notorias, donde los procesos de elecciones judiciales empiezan a analizarse para introducir los ajustes operativos que sean necesarios. Mantener la simultaneidad de las elecciones puede colapsar su implementación, por lo que este tema, debe ser abordado con amplitud en los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, cuyas actividades iniciaron la semana pasada.
Las elecciones judiciales y su regulación debe ser una asignatura específica que se aborde en los trabajos de dicha Comisión, sobre todo, porque el objetivo de las elecciones judiciales, según se informó durante los trabajos de la reforma al Poder Judicial, consiste en democratizar el acceso al sistema de administración de justicia, así como de dotar de legitimidad a los órganos que la imparten, pero la historia nos demuestra que la legitimidad no deviene solo de la celebración periódica de las elecciones, sino de la sujeción de éstas a reglas básicas que garanticen su calidad y a principios universales que garantizan su autenticidad.
Mi reflexión implica un llamado atento a los actores políticos para aprovechar el espacio de la reforma electoral en curso, donde se pueden revisar las lecciones que dejaron los procesos electorales judiciales en su primera edición. Hay diversos temas a mejorar con una visión técnica, pero también con el propósito de mejorar nuestras elecciones, facilitar su implementación y darles plena viabilidad.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
