Reforma electoral en curso
Yurisha Andrade Morales*
El 15 de agosto de 1990 se publicó el histórico Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que desarrolló las bases constitucionales de abril de ese año, dando carta de naturalización al Instituto Federal Electoral, hoy INE, y al Tribunal Federal Electoral, que desde 1996 es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Junto a estos relevantes organismos que hoy son piedra angular del moderno sistema nacional de elecciones surgieron el Registro Nacional de Electores, que se ha consolidado como el instrumento más importante para la participación de las y los mexicanos en las elecciones y como órgano emisor de la credencial más confiable de identificación que tenemos en México; el sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de los comicios; y múltiples mecanismos de seguridad para lograr comicios auténticos, con plenas garantías de respeto a la voluntad ciudadana.
A esa reforma se sumaron las de 1993, 1994, 1996, 2007 y 2013-2014. Seis reformas sucesivas que decantaron el sistema electoral mexicano y que, con sus modalidades y matices, fueron incorporadas a los cuerpos normativos de las 32 entidades federativas. Cada una ha tenido el alcance y profundidad que ha permitido el consenso alcanzado entre las fuerzas políticas, han respondido a problemas específicos que surgen en el desarrollo de los procesos electorales para garantizar condiciones de equidad a partidos y candidatos, así como la ampliación y respeto a los derechos políticos de las y los mexicanos, sobre todo, al de los grupos en condiciones de vulnerabilidad.
México es hoy un referente electoral para los diseños institucionales y procedimentales de varios países del mundo, sobre todo, porque la transición política que democratizó al régimen se dio por la vía de dichas reformas. Hoy hemos escuchado ya posicionamientos de actores políticos relevantes que proponen desarrollar lo que podría ser la séptima reforma, aún y cuando todavía estamos inmersos en la parte conclusiva del proceso electoral, en el momento procesal en que los tribunales están resolviendo los medios de impugnación presentados por partidos y candidatos sobre las elecciones del pasado 6 de junio.
¿Se requiere de una reforma electoral en este momento? Mi respuesta es: sí, si la orientamos a fortalecer aspectos clave de nuestro modelo electoral. Temas hay varios y sabemos que en las discusiones legislativas se planteará un reclamo presente en los últimos tres años asociado a la austeridad para disminuir recursos públicos destinados a financiar la política. Creo que hay condiciones para reducir gastos sin que ello nos lleve, por ejemplo, a privatizar campañas o a devastar las finanzas internas de partidos disminuyendo su capacidad para competir en los comicios o a desaparecer organismos electorales de los Estados.
A nuestro modelo le ha venido bien sostener el principio consistente en que el dinero público debe prevalecer sobre el privado para financiar a los partidos, veamos entonces cómo se ajustan los componentes de la fórmula. Con ese principio como base podría ser viable una reducción a las prerrogativas de los institutos políticos, considerando posibles modalidades para establecer los montos estatales a repartir sin tener una fórmula única, homogeneizada a nivel nacional, que desde 2014 ha generado el efecto de incrementar sensiblemente las cantidades que reciben los partidos.
En lo que será el debate para la reforma, considero que sería un error volver a centrar los objetivos en si desaparecen o no los organismos electorales estatales, cuando la propia organización del actual proceso ha demostrado no solo su viabilidad si no la necesidad de su existencia. Desaparecer a OPL y tribunales locales generaría tensiones extremas al modelo, pues el órgano nacional a la par que tendría que crecer en estructura y presupuesto tendría que hacerse cargo de la conflictualidad de las elecciones locales.
Llaman la atención otras problemáticas que se evidenciaron en el proceso y que sí requieren atención legislativa. Es el caso de los límites que deben tener los servidores públicos para hacer efectivos los principios de imparcialidad y neutralidad en las elecciones; los lamentables sucesos de violencia que privó de la vida a varias decenas de políticos y candidatos o en razón de género; o el perfeccionamiento de acciones afirmativas que permitieron, por ejemplo, la postulación de candidatos con alguna modalidad de discapacidad; los esquemas de sobrerrepresentación legislativa; o el establecimiento de garantías presupuestales para el funcionamiento de las autoridades electorales.
Las reformas electorales de los últimos 30 años se caracterizan porque los grupos políticos mayoritarios las han promovido desde el poder, atendiendo a las oposiciones, siempre con un carácter inclusivo, con reglas suficientes para garantizar la presencia y participación de las minorías políticas, es necesario no claudicar en la construcción de los consensos y de los acuerdos políticos como principio básico de convivencia democrática.
Se trata, también, de escuchar la opinión de quienes integramos a las autoridades electorales, de atender criterios jurisdiccionales y las buenas prácticas en la materia. La mejor reforma será la que lleve el beneplácito de todos.
*Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
