• Se busca comprimir la circulación del parque vehicular en las ciudades: diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN)
La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) presentó una iniciativa que reforma al artículo 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para establecer que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán proveer transporte público escolar gratuito para las niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de educación básica.
El documento, turnado a la Comisión de Movilidad para dictamen, con opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, y suscrita por integrantes de su grupo parlamentario, plantea adicionar un párrafo quinto al artículo 43 de dicha legislación.
En la exposición de motivos, la legisladora refiere que la propuesta busca impactar en la movilidad urbana, particularmente en los municipios con una población superior a 100 mil habitantes, de modo que se comprima la circulación del parque vehicular, y se genere una opción que facilite a niñas, niños y adolescentes su acceso a los centros educativos.
Lo anterior, indica, en función de lo establecido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la ONU, que es “lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”.
Actualmente, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial señala que las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México deberán proveer en las localidades rurales e insulares transporte público gratuito a niñas, niños y adolescentes para llegar a sus escuelas.
Sin embargo, en los municipios urbanizados no se considera que la movilidad “también representa un obstáculo para el pleno acceso a la educación básica de niñas, niños y adolescentes”, manifiesta.
La diputada menciona que el derecho a la ciudad “es un concepto que permite orientar la acción gubernamental en lo que respecta a la gestión y planeación urbanas, siempre con relación al bienestar y calidad de vida de las y los habitantes de la urbe”.
De acuerdo con el programa ONU-Hábitat, el derecho a la ciudad es aquel que tienen todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna.
Por ello, señala que “los sistemas de movilidad urbana son elementos que contribuyen al goce de ciertos derechos o, por el contrario, a la violación de éstos y a mejorar o empeorar la calidad de vida de las personas”.
Agrega que el derecho a la movilidad tiene un impacto directo en la garantía por un medio ambiente sano y en el ejercicio del derecho a la educación, “porque supone barreras físicas y económicas de acceso a la educación”.
Finalmente, subraya que la respuesta estándar al problema de movilidad urbana ha sido expandir la infraestructura, dejando de lado el impulso de sistemas de movilidad urbana alternativos, como el transporte público o sistemas no contaminantes no motorizados.
