La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) promueve una iniciativa, para que los órganos jurisdiccionales aseguren que las personas con discapacidad tengan acceso pleno y efectivo a la justicia expedita mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad.
Para ello, dichos órganos promoverán la capacitación adecuada de quienes trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario.
El documento, que adiciona los artículos 31 Bis, 31 Ter, 31 Quater y 31 Quinquies a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, también estipula que el acceso a la justicia electoral en los asuntos en los que participen personas con discapacidad deberán desahogarse bajo el principio de inclusión, con ajustes razonables y sin ningún tipo de discriminación.
Añade que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), a petición de la persona con discapacidad, podrá aportar elementos al juzgador para que se aplique el principio de inclusión.
Estos elementos podrán ser: intérpretes de lengua de señas mexicanas, en los términos de las leyes, y especialistas en braille, entre otros, precisa.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, refiere que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hay casi 21 millones de personas con discapacidad, de las cuales 11 millones 111 mil 237 son mujeres (53 por ciento), y 9 millones 726 mil 871 hombres (47 por ciento).
Por rangos de edad, señala que 40.9 por ciento se concentra en el grupo de mayores de 60 años, luego están los de 30 a 59 años, 29.8 por ciento; enseguida los de 18 a 29, 9.8 por ciento, y al final los menores de 17 años, 9.1 por ciento.
La discapacidad que más prevalece es la visual, que representa el 61 por ciento de la población, es decir 12.7 millones de personas; después, las personas que tienen dificultades para caminar, escuchar y recordar o concentrarse, puntualiza.
