La Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México ha aprobado un dictamen que establece que los violentadores de mujeres y los deudores alimentarios no podrán ser candidatos a puestos de elección popular. Esta medida, que será sometida a votación en el pleno esta semana, busca garantizar la integridad y protección de las mujeres en la vida política.
El dictamen establece que para ser candidato se requiere no haber sido sentenciado por delitos contra la vida, la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, el desarrollo psicosexual, la violencia familiar, la violencia familiar equiparada o doméstica, la violación a la intimidad sexual, y la violencia política contra las mujeres en razón de género en cualquiera de sus formas.
Además, se prohíbe la candidatura a quienes estén registrados como deudores alimentarios morosos, de acuerdo con los artículos 35 y 323 del Código Civil para la Ciudad de México, así como en el Registro de Personas Agresoras Sexuales. El objetivo de estas reformas es evitar que personas violentadoras de mujeres y deudores alimentarios accedan a cargos de elección popular, protegiendo así los derechos de las mujeres y la integridad familiar.
Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión, destacó que estas reformas fortalecen la administración pública local, promueven la prevención de la violencia institucional y fomentan el compromiso con la ética pública. El dictamen recibió el apoyo favorable de la Comisión de Igualdad de Género local, que considera que estas medidas contribuyen a la protección de los derechos de las mujeres.
La diputada local del PRD, Gabriela Quiroga, expresó su respaldo al dictamen y se comprometió a votar a favor en el pleno. Su objetivo es garantizar que ningún violentador, agresor o deudor alimentario acceda a puestos de poder, donde se administre justicia o se manejen recursos públicos, asegurando así la máxima protección de los derechos de las mujeres.
Además, la comisión también aprobó sanciones para candidatos y partidos que realicen campañas negativas contra sus adversarios. Se considerará campaña negativa cualquier acto que difunda información falsa, atentando contra el honor, reputación, integridad, dignidad, intimidad y vida privada de un candidato, con el propósito de influir negativamente en las preferencias electorales de los ciudadanos. Estas medidas buscan promover un ambiente político justo y ético en la Ciudad de México.
Con estas decisiones, se espera que la Ciudad de México avance hacia una política más inclusiva y respetuosa, donde las mujeres sean protegidas y se promueva un debate político basado en propuestas y respeto mutuo.
