Organismos electorales sin recursos
Yurisha Andrade Morales*
Estamos a 19 días de la cita con las urnas en una jornada electoral que será histórica. Sabemos que las autoridades electorales, federales y locales, trabajan con intensidad en la preparación de las elecciones, mientras que las candidaturas buscan el apoyo de la ciudadanía. En el ámbito local se renovarán 1 mil 802 ayuntamientos, 1 mil 082 diputaciones y, destacadamente, 9 gubernaturas que corresponden a los Estados de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Conforme con el Sistema Nacional de Elecciones establecido con la reforma electoral de 2014, los organismos públicos locales electorales, conocidos como OPL, conservan atribuciones que son fundamentales para el desahogo de los procesos electorales locales, entre muchas otras pueden enunciarse: el registro de candidaturas para los cargos locales, lo cual implica verificar el cumplimiento de requisitos de elegibilidad, el registro de convenios de coaliciones o candidaturas comunes, la observancia del principio de paridad en la integración de las candidaturas, la revisión del cumplimiento de cuotas para la postulación de jóvenes, personas con alguna modalidad de discapacidad, migrantes, grupos de indígenas, afromexicanos y de la comunidad LGBTIQA+. Este año, dicha actividad implicó la revisión de alrededor de 260 mil candidaturas.
De acuerdo con las legislaciones locales y, dependiendo de las elecciones que se organicen, los OPL también tienen la responsabilidad de integrar los consejos municipales y/o distritales que, de manera temporal, atienden el desahogo de los procesos electorales locales, designando cerca de 14 mil consejeras y consejeros que los integran y que deben cumplir requisitos de imparcialidad e idoneidad. De igual forma, en coordinación con el INE, diseñan, imprimen y producen la documentación y materiales electorales de las elecciones locales; destacadamente, cuentan, sellan y separan para cada casilla las boletas de los comicios estatales, actividad que este año implica 230 millones de boletas en todas las entidades federativas.
La jornada electoral, en la que funcionan las mesas directivas de casillas únicas, se atienden en coordinación con el INE. Al concluir las votaciones y los correspondientes escrutinios y cómputos, los OPL se encargan del traslado de los paquetes electorales hasta las sedes de sus correspondientes consejos distritales y/o municipales. Serán cerca de 300 mil paquetes electorales para que, conforme con las normas y plazos previstos en la ley, realicen los cómputos de las elecciones.
Los OPL operan, también, los programas de resultados electorales preliminares para difundir resultados confiables y con oportunidad. Para las elecciones de gubernaturas, con el apoyo del INE, dan a conocer los conteos rápidos y participan con los tribunales locales en el desahogo de los medios de impugnación. Como puede observarse, se trata de instituciones que cumplen funciones vitales para los procesos electorales locales, no son figuras de ornato en el Sistema Nacional de Elecciones, sino que atienden funciones de la más alta especialización previstas en la Constitución.
No obstante, pese a su relevancia, llama la atención que algunos de los institutos estatales electorales no reciben con puntualidad las correspondientes ministraciones presupuestales en pleno desahogo de sus procesos electorales. Conforme con datos del INE, en algunas entidades interpusieron acciones legales para que se les entregaran sus partidas presupuestales, donde solo Guerrero logró una negociación adecuada con las autoridades locales; mientras que algunos otros institutos se encuentran en semáforo rojo ante las carencias presupuestales que, incluso, los tienen en deuda con el propio INE por la imposibilidad de transferir los recursos comprometidos en los convenios de apoyo y colaboración suscritos para el desarrollo de los procesos electorales locales.
La democracia mexicana requiere que sus organismos electorales se encuentren suficientemente fortalecidos para afrontar los compromisos de las etapas más delicadas de los procesos electorales que están en marcha. A nadie conviene que estas autoridades se encuentren en imposibilidad de cumplir con sus actividades por falta de recursos financieros. Los gobiernos locales deben realizar los esfuerzos necesarios para aportar los presupuestos y evitar situaciones que pudieran entenderse como si se tratara de esquemas de presión para los árbitros de la contienda.
*Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
