Michoacán, México. Especial.- Para el Gobierno de Michoacán, recuperar la calificación aceptable de agencias internacionales después de más de una década, implicó un largo proceso con medidas drásticas, como la de eliminar o fusionar hasta 15 dependencias o áreas de la estructura oficial en menos de tres años.
Sólo así fue posible contener, en ese periodo, en 2 mil millones de pesos el gasto, destacó el gobernador Silvano Aureoles.
“El Gobierno del Estado ha sido capaz de contener el crecimiento sostenido del gasto, para que el déficit no siga incrementándose”, comentó en la conferencia de prensa, el pasado lunes.
Y continuó:
“También se revirtió la tendencia de calificaciones negativas que el estado venía arrastrando durante una década, lo que le da mayor certeza a los inversionistas y una mejor condición crediticia al gobierno del estado”.
Durante la década a la que hizo referencia Aureoles, la entidad vivió diversos episodios que reflejaban esa dificultad financiera.
El 11 de noviembre de 2011, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) sufrió en forma inédita un corte en el servicio de luz por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a un adeudo de al menos 8 millones de pesos.
El corte afectó a cuatro departamentos de la dependencia, cuya titular, Graciela Andrade, expresó entonces fue necesario llegar a un acuerdo con la paraestatal para evitar que se cortara la luz a toda la institución.
El colapso financiero, incluso, había alcanzado a toda la estructura del gobierno estatal, agravado porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le retuvo recursos por adeudos a la Federación.
Dicha retención de recursos provocó que el entonces gobernador Leonel Godoy –hoy delegado de Morena en Baja California- secretarios y subsecretarios, no cobraran su salario en la primera quincena de octubre.
El 3 de marzo de 2012, el presidente Felipe Calderón hizo pública su inconformidad por, lo que llamó, “un tiradero” financiero en la entidad
Fue durante una gira de trabajo –de las primeras en las que coincidían el panista y Fausto Vallejo, quien había asumido como gobernador tres semanas antes-.
“Sé que le dejaron un, cómo se dirá (…), un tiradero, dicen acá, o también un desorden, un problema mayor en las finanzas públicas”, le dijo Calderón al recién ungido gobernador.
Las supuestas anomalías evidenciadas por Calderón, derivaron en denuncias penales principalmente para investigar el destino de más de 6 mil millones de pesos que la Federación había enviado al gobierno estatal para el sector salud.
A esta presión financiera se sumó la firma de minutas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sindicato que acumuló bonos hasta por mil 200 millones de pesos anuales, con cargo al erario.
Todo ello, agravado con la contratación de créditos con la banca, que entre 2002 y 2015 pasó de 150.2 millones a más de 17 mil millones de pesos, según datos de la SHCP.
Cuando el PRD recuperó el poder y Silvano Aureoles asumió como gobernador en octubre de 2015, la deuda a bancos, contratistas y proveedores, sumaba 32 mil millones de pesos, más de la mitad del presupuesto anual estatal.
Para el gobernador Aureoles, pese a los signos de recuperación, el riesgo de una recaída financiera si no se tienen los cuidados necesarios, es latente.
Destacó que, para lograr ése avance, fue necesario refinanciar y reestructurar la deuda con bancos, a fin de mejorar las condiciones y términos contractuales de la deuda heredada.
Citando un informe de la Secretaría de Finanzas del Estado, detalló que esto permitió reducir más de la mitad la sobretasa de interés, lo que significó oxígeno puro a la capacidad de pago del gobierno estatal.
Además, se tuvo que liquidar la bursatilización del impuesto sobre nómina y se inició el pago a proveedores y contratistas (de 14 mil millones, se han pagado 8 mil millones, equivalentes al 60% de la deuda).
También fue necesario implementar medidas de austeridad para disminuir el gasto público, se bajaron salarios de altos funcionarios y se eliminaron gratificaciones, compensaciones y viáticos.
Aunado a ello, se aumentó la recaudación de ingresos estatales, de 4 mil millones a 7 mil 600 millones de pesos, y se contuvo el gasto público por un monto de 2 mil millones de pesos.
Como resultado de esas medidas, dijo, por primera vez en más de una década, mejoró la calidad crediticia del estado, revirtiéndose la tendencia de calificaciones negativas.
La situación, sin embargo, no está aún salvada, reconoció, particularmente porque aún no se define la federalización de la nómina magisterial.
“Si esto se resuelve, la cosa va a cambiar para Michoacán y quedará como un legado histórico el haber podido estabilizar su situación financiera e invertir más en su desarrollo”, expresó el gobernador Silvano Aureoles, en su conferencia de prensa del pasado 1 de julio.
El perredista recordó que, con este paso, 34 mil plazas de maestros se estarían transfiriendo al gobierno federal, como lo comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Yo confío en la palabra del presidente, y sé que no nos va a dejar solos”, deslizó.
En números
· 32 mil mdp en deudas al 2015
· 14 mil mdp la deuda con proveedores y contratistas
· 18 mil mdp la deuda con bancos
· 5 mil mdp, el déficit anual por la nómina magisterial
Medidas drásticas
· 2 mil mdp, la contención del gasto
· Reducción de salarios a altos funcionarios
· Eliminación de pago de viáticos, telefonía celular y otros
· Eliminación o fusión de 15 dependencias o áreas
· Incremento en la generación de recursos propios, de 4 mil a 7 mil 600 mdp
Michoacán, la batalla vs el quebranto financiero/ Especial
