Maximizar los derechos de las mujeres es la obligación de las instituciones en México por mandato constitucional, privilegiando el principio pro persona para limitar toda rendija que restrinja el ejercicio de éstos, recalcó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El diputado por el Distrito de Hidalgo lamentó lo ocurrido este miércoles en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la mayoría de los ministros optó por rendijas legales para eludir la posibilidad de pronunciarse sobre la responsabilidad que tienen los Congresos en el país, para reformar las normas a fin de garantizar el ejercicio pleno de derechos de las mujeres.
Pareciera que la postura asumida por la mayoría de los ministros de la Primera Sala, obedeció más a la estrategia de presión instrumentada por grupos que han manifestado su abierto rechazo a que se garantice en las leyes mexicanas y ejercicio de derechos de las mujeres, en este caso a decidir sobre su propio cuerpo”.
Tony Martínez recordó que hace más de un año presentó ante el Pleno del Congreso del Estado, una iniciativa que pone en el centro a la mujer, sus derechos, con la que no se le criminaliza, ni señala, avergüenza u ofende, y sobre todo no la condena a una agresión sexual sin opción alguna, “no la obliga a perpetuar una violencia”.
“Esta iniciativa va por garantizar la vida de las mujeres, de todas aquellas que merecen, desean y quieren seguir con sus proyectos de vida, esta iniciativa es afirmativa de derechos”, reafirmó.
Destacó, que esta propuesta no pretende obligar a ninguna mujer a interrumpir un embarazo, pues su naturaleza es el respeto al derecho de la mujer a decidir, “porque creemos profundamente en las decisiones de ellas y en su autodeterminación”.
En ese sentido, recalcó que la finalidad es abrir un debate serio, informado, responsable y respetuoso, sobre la viabilidad de la interrupción legal del embarazo antes de la décima segunda semana de gestación, el problema es que la iniciativa ni siquiera se ha discutido en las comisiones dictaminadoras del Congreso.
