Marco Polo Aguirre busca certeza jurídica a favor de quien ejerza la legítima defensa

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Morelia, Mich., a 27 de noviembre de 2019.- Para dar claridad al texto que define la legítima defensa, además de brindar certeza jurídica a toda persona que cause lesiones o prive de la vida a quien amenace su integridad, la de su familia o la de sus bienes, el diputado Marco Polo Aguirre Chávez presentó iniciativa al respecto.

La propuesta se deriva, indicó Aguirre Chávez, luego de que este 2019 es el punto más crítico que hemos vivido en el país, con 188 mil 160 víctimas de homicidio y lesiones, solamente de enero a septiembre; siete mil 403 de ellas en Michoacán.
Donde, dijo, de dos mil 457 municipios que hay en el país, Morelia ocupa el lugar 17 en feminicidios y el primer lugar de Michoacán. En octubre hubo 14 mujeres asesinadas y en este mes de noviembre hallaron muertas a golpes a dos mujeres en Morelia, tenían 20 y 26 años de edad. Señaló este último caso porque el Presidente Municipal de Morelia se pronunció públicamente para señalar que tenían psicotrópicos en la sangre y que probablemente no eran de aquí.

“Debería saber nuestro presidente municipal que tener psicotrópicos en la sangre, o alcohol o cualquier sustancia o ser extranjero, no es motivo para ser asesinado en Morelia. No podemos permitir este tipo de respuestas institucionales y tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados”, indicó el diputado priísta.
Es por eso, que en seguimiento a la propuesta que en días pasados fue presentada por Aguirre Chávez, en torno a la estrategia de seguridad nacional del Presidente de la República, hoy presentó otra iniciativa para fortalecer un derecho que todos tenemos: la legítima defensa, especialmente a favor de las mujeres.
Ante ello, precisó el legislador, se propone integrar expresamente el criterio de perspectiva de género para que en todo caso de legítima defensa en que una mujer sea quien repele la agresión, jueces y agentes del Ministerio Público apliquen la perspectiva de género para el análisis de la situación en la que ocurrió el caso concreto, a fin de cumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres.

Esto significa que cualquier mujer que sea atacada tendrá aún más respaldo legal para defenderse y nunca más tendremos un caso en el que la víctima tenga miedo a ser criminalizada.
En todo lo anterior señaló que propone reformar el artículo 27 del Código Penal de Michoacán en tres sentidos: brindar a la ciudadanía la posibilidad jurídica de defender su vida; se busca sustituir la posibilidad de causar daño, que no conduce a nada práctico en el tema penal, por la posibilidad de lesionar o privar de la vida ejerciendo la defensa legitima de manera proporcional.
Además, se hace énfasis en que los fiscales y jueces deben juzgar con perspectiva de género en el caso de que las mujeres sean quienes hayan presuntamente ejercido la legitima defensa, como una acción afirmativa, en cumplimiento a las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos de las mujeres. Esto en atención al gran numero reciente de feminicidios y violencia de que son objeto.
Finalmente, reforzar aún más el uso de la legítima defensa disminuyendo el rango de interpretación judicial y ministerial respecto al exceso en que pueda incurrir una persona que defiende su vida, su familia o sus bienes.