La Magistrada del TEEM y la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes, respondieron a una serie de preguntas derivadas del análisis de la sentencia SM-JDC-328/2020 sobre violencia política al interior de los congresos locales, emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Los tribunales electorales somos la arena en donde se pueden generar espacios de equilibrio social y político y estamos llamados para garantizar los derechos político-electorales de las mujeres y así generar certeza y confianza en la ciudadanía”, refirió Alma Bahena Villalobos, Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM), al participar en el “Conversatorio Crítico de Sentencias de Violencia Política de Género”.
La magistrada Bahena consideró que es fundamental aplicar en estos casos un test de proporcionalidad -dado que, ya existe jurisprudencia y criterios de la SCJN y de Sala Superior, que obligan a realizarlo- para poner en una balanza los derechos en colisión, para identificar si se transgrede los derechos político-electorales de las mujeres frente a la libertad de expresión que poseen los parlamentarios. En lo referente a la aplicación del test en materia de violencia política de género, destacó que este debe ser estricto al tratarse de categorías sospechosas para garantizar que no se cometa discriminación en el goce de sus derechos.
Bahena Villalobos reconoció el avance en el marco regulatorio y jurisprudencial, afirmando que no se dará un paso atrás para proteger los derechos fundamentales de las mujeres. Destacó, además, la identificación y el análisis de los micromachismos que hace la sentencia en cuestión, los cuales consideró como formas sutiles, sofisticadas y casi invisibles de ejercer violencia contra las mujeres, por lo cual, hizo un llamado a estar actualizados sobre el tema y poder identificarlos y sancionarlos, a fin de erradicarlos.
Externó además que los tribunales locales sí pueden declarar la violencia política contra las mujeres en razón de género mediante los procedimientos especiales sancionadores en donde las instancias de los órganos públicos locales deben realizar las investigaciones necesarias a fin de integrar un expediente con los elementos suficientes, para que los tribunales locales puedan arribar a resoluciones certeras y garantes de los derechos fundamentales.
Recordó que el marco normativo dota a los tribunales locales de facultades en la vertiente de desempeño del cargo, en manera paralela al ámbito administrativo del Poder Legislativo y si se violenta esa dinámica en los congresos locales, los tribunales tienen facultades para brindar justicia a las mujeres. “Tenemos que garantizar recursos eficaces y, si en la instancia legislativa no existe, nosotros como autoridades debemos garantizar, erradicar y ordenar la reparación del daño por violencia política. Asimismo, y en ejercicio del control de la constitucionalidad y convencionalidad, contamos con herramientas amplias y reforzadas” para alcanzar dicho fin, refirió la juzgadora michoacana.
El evento fue organizado por la Dirección de Género de la Sala Regional Monterrey en el marco de actividades de los 16 días de activismo convocada por ONU Mujeres para concientizar sobre la violencia de género en todo el mundo y como compromiso para lograr una igualdad sustantiva en la vida pública y política.
