Ciudad de México, a 26 de enero de 2020.- Con el fin de esclarecer las desapariciones de militares, marinos y policías, el Grupo Parlamentario del PRD exhortó a las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana a investigar estos casos antes de catalogarlos como deserciones, a fin de brindar apoyo a familias de las víctimas y garantizar el cumplimiento de sus prestaciones.
La bancada del Partido del Sol Azteca destaca que no se utilizan los protocolos previstos para la búsqueda de soldados, marinos y policías desaparecidos en ejercicio de sus labores.
En cambio, se les declara desertores y se les adjudica así responsabilidades penales, con lo que además de criminalizarlos indebidamente, se elude la entrega de las prestaciones laborales a las cuales tendrían derecho sus familias.
Las y los diputados perredistas señalan que la gravedad de este problema ha sido ignorada por los más altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal dado que, desde el 2015, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Marina ni la Policía Federal cuentan con el registro de estas desapariciones, condenando a sus integrantes a la mayor inopia por la indiferencia gubernamental.
Ante esto, las y los integrantes del GPPRD lamentaron que a pesar de la crisis de desapariciones que se vive en México, las instituciones de seguridad no tengan reportes claros y concisos para saber cuántos de sus efectivos se encuentran en esta lamentable situación.
De acuerdo con denuncias públicas, la categoría de baja por desaparición comenzó a incluirse en los registros militares apenas en 2010, año en que se contaron ocho casos.
En 2011 se documentaron 22; en 2012, 15; en 2013, 67, y en 2014 hasta 130. A partir del 2015 tuvo lugar una caída atípica de los números sobre el tema, que no ocurrió de forma gradual. De los 130 casos de 2014, la Sedena pasó a cero en 2015, misma cifra reportada en 2016, 2017 y 2018.
Lo anterior contrasta con otros datos del mismo Ejército Mexicano, el cual admitió, en respuesta a una segunda solicitud de información, que en 2016 desaparecieron dos elementos en Jalisco y Tamaulipas, y tres más en 2017, dos de ellos en Puebla y uno en Veracruz.
Como consecuencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recomendaciones con la finalidad de que a los funcionarios públicos se les brinden las condiciones indispensables para el desarrollo de las labores; en caso necesario, se realicen las investigaciones correspondientes para determinar si se cometió algún delito en su contra y se eviten procedimientos administrativos que puedan re victimizarlos, en su caso.
Para las y los diputados del GPPRD resulta muy importante que todas las fuerzas de seguridad en nuestro país no sólo contribuyan a la seguridad de todas y todos los mexicanos, sino que se respeten a cabalidad los derechos humanos y laborales de quienes, día con día, ofrendan la vida para garantizar la de los demás, como lo son los elementos de esas instituciones.
