Morelia, Michoacán, 21 de marzo de 2026. Un juez de Morelia impuso una pena de 108
años y 4 meses de prisión, una multa de más de 358 mil pesos, el pago de la
reparación del daño patrimonial y moral, la suspensión de sus derechos políticos y la
negativa de beneficios penitenciarios contra Rubén “N”, al acreditarse su
responsabilidad en los delitos de secuestro agravado en agravio de dos personas y
violación agravada en perjuicio de una mujer de identidad reservada.
De acuerdo con los hechos acreditados en el juicio, el sentenciado participó en la
privación de la libertad de dos personas para exigir dinero a cambio de su liberación.
Posteriormente, cuando una familiar acudió a entregar la cantidad solicitada, fue
víctima de violencia sexual.
Por otro lado, en la región de Uruapan se dictó una sentencia condenatoria de 42 años
y 9 meses de prisión por homicidio calificado y tentativa de homicidio, en contra
Guillermo “N”, Víctor Kevin “N” y Marco Antonio “N”.
Se les condenó al pago de más de 524 mil pesos por concepto de reparación del daño,
y a la suspensión de sus derechos políticos por el tiempo que dure la condena. Por lo
que respecta a la reparación del daño por la tentativa de homicidio será determinada
en la etapa de ejecución de sanciones.
Los hechos ocurrieron en marzo de 2023, cuando los sentenciados privaron de la vida
a un hombre de identidad reservada y posteriormente dispararon contra dos elementos
de la Policía Municipal.
En la misma región, jueces de oralidad vincularon a proceso a dos personas por su
probable participación en distintos delitos, por una parte, Jhonatan Carlos “N” fue
vinculado a proceso por el delito de extorsión, en agravio de dos personas de identidad
reservada. Al imputado se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y
se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria. De acuerdo con
los hechos, las víctimas recibieron llamadas con exigencias económicas a cambio de la
libertad de un familiar previamente privado de la libertad.
En otro asunto, Luis Felipe “N” fue vinculado a proceso por incumplimiento de la
obligación alimentaria, en agravio de un niño de datos resguardados. Como medidas
cautelares deberá presentarse periódicamente ante la autoridad correspondiente y
tiene prohibido salir del estado sin autorización judicial. También se estableció un plazo
de dos meses para la investigación complementaria.
