Financiamiento público partidario
Yurisha Andrade Morales*
Mientras continúa la deliberación pública sobre la posible reforma electoral en foros simultáneos organizados en la Cámara de Diputados tanto por la fracción parlamentaria mayoritaria como por los partidos de la alianza opositora, el miércoles pasado el INE aprobó los montos del financiamiento público que será entregado a los partidos políticos en el ámbito federal durante el ejercicio fiscal 2023, aplicando la fórmula establecida en la legislación y mediante ministraciones mensuales.
Las bases constitucionales y legales determinan que para calcular el financiamiento ordinario de los partidos se multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, con corte al mes de julio de cada año, por el 65% del valor diario de la UMA (Unidad de Medida y Actualización). Así, el INE informó que los inscritos en el padrón electoral nacional, al 31 de julio de este año, son 94 millones 910 mil 965 ciudadanas y ciudadanos y que el valor de la UMA es de 96.22 pesos, por lo que el 65% es igual a 62.54 pesos; de tal manera, que la cantidad total a repartir será de 5,936 millones 016 mil 484 pesos, que será repartida considerando 30% en forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos obtenido en la elección de diputaciones inmediata anterior.
A esas cantidades, deben sumarse montos adicionales para actividades específicas, otros 178 millones 080 mil 329 pesos; y para cubrir sus derechos por franquicias postales y telegráficas 119 millones 413 mil 819 pesos. El gran total de financiamiento público de recursos federales a distribuir el próximo año será de 6,233 millones 510 mil 798 pesos. Falta revisar, en el ámbito de cada una de las 32 entidades federativas cuáles serán los montos que los partidos recibirán, también por financiamiento público.
Del total de recursos que los partidos recibirán, al menos el 3% deberá canalizarse para apoyar la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo de las mujeres. Se trata de continuar una política que las apoye y contribuya a reducir las desigualdades históricas que han padecido, permitiéndoles competir y ocupar en mejores condiciones responsabilidades públicas, tanto de gobierno como de representación política.
Los partidos están reconocidos en nuestra Constitución como entidades de interés público con funciones específicas que son relevantes para el fortalecimiento de nuestra democracia. Una de ellas consiste en capacitar políticamente a la sociedad y permitir el acceso de los ciudadanos al poder público. También les corresponde contribuir al diseño de políticas públicas y programas de gobierno, además de acercar las demandas sociales de los grupos que representan a los gobiernos en turno para lograr soluciones que beneficien a la colectividad.
Por ello, es fundamental que en la aplicación de los recursos que reciben se sujeten al principio de rendición de cuentas e informen a la sociedad cómo los ejercen. Estoy convencida, de que los recursos partidarios deben apoyar la construcción de una ciudadanía crítica y propositiva para el desarrollo político y profesional de las mujeres y hombres de nuestro país. Juntos debemos impulsar un esquema que busque garantizar que la pluralidad y la diversidad de nuestro país tiene posibilidades adecuadas de participación y expresión, entre otras instancias, a través de los partidos.
La asignación presupuestal a los partidos responde a una tradición mexicana que busca blindarlos frente a intereses económicos privados y, sobre todo, de fuentes ilegales de financiamiento que condicionen su actuación y la postulación de candidaturas. Sabemos de la importancia que tienen en la democracia mexicana y de la necesidad de garantizar condiciones equitativas para la existencia de los institutos políticos. Es responsabilidad de cada uno de ellos actuar con transparencia y apego a la legalidad en el ejercicio de los recursos que el Estado mexicano les asigna.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
