Churintzio, Mich.- Jueves 6 de febrero de 2020.-Salvador P., ex presidente de Churintzio en el periodo 2015-2018, emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), e Ignacio A., ex director del Sistema de Agua Potable de la misma administración, fueron puestos a disposición de un Juzgado de lo Penal con sede en Morelia por los delitos de peculado y presunto desvío de recursos públicos.
De esta manera a los ex funcionarios se les inició un proceso penal el miércoles 5 de febrero, luego de que los elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentaran la orden de presentación, dando seguimiento a la causa penal 964/2019.
Los indiciados fueron presentados en la audiencia que comenzó a las nueve de la mañana del día en cita en la ciudad de Morelia, dijeron a este medio fuentes allegadas al asunto, las cuales agregaron que ambos ex servidores públicos “se ufanaban de tener el control en Churintzio no solamente del PRI sino de las acciones y los recursos para el Ayuntamiento”.
Los imputados fueron requeridos después de que se realizaran las investigaciones respectivas por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Auditoria Superior de Michoacán (ASM) como resultado de la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento 2018-2021 ante la Fiscalía Anticorrupción.
Asimismo, los contactos detallaron que los delitos que se les imputan al ex munícipe y al ex director del Sistema de Agua Potable son considerados graves en perjuicio del municipio de Churintzio.
En detalle los ilícitos son peculado o daño al erario público, desvío del presupuesto por varios millones de pesos. Además, se les imputa la compra de vehículos con recursos municipales a nombre de particulares, fraude a usuarios del servicio de agua potable por obras “fantasma” de pozos para comunidades y cabecera municipal.
Igualmente, trascendió que se les señala por actos de nepotismo al tener a sus familiares cercanos y de segunda línea dentro de la nómina municipal, sin que éstos se presentaran a realizar labores, por lo que son considerados como “aviadores”, además de brindar benéficos a algunos priístas ubicados por ser parte de su grupo o coto de poder, afirmaron las voces que conocen del asunto.
“Dentro de las anomalías por parte de la administración, se encuentran obras reportadas que solamente quedaron en papel, sin que se tenga claro el destino de los recursos, lo que pudiera implicar enriquecimiento ilícito, y demás delitos que se vinculen a las acciones por parte de los imputados de una administración priísta, que pudieran involucrar a otros actores del mismo periodo de la administración pública municipal de Churintzio”, indicó un empleado municipal que prefirió guardar el anonimato por temor a represalias.
Cabe referir que el proceso penal inició luego de poco más de un año que fueran denunciados los ilícitos que se les imputan a los ex funcionarios en cita, que a decir del trabajador con el que está redacción habló se negaron en su momento a hacer la entrega de instalaciones, equipamientos, unidades motoras y cuentas bancarias como lo señala la ley al momento de la toma de posesión del Ayuntamiento electo.
“Cabe señalar que el 1 de septiembre de 2018, la entrega-recepción en el acto protocolario de toma de protesta de la administración electa, las instalaciones municipales estaban cerradas, y se pudo observar un desmantelamiento de las oficinas donde fueron literalmente arrancados, el cableado eléctrico, sin que se encontraran aparatos telefónicos ni equipos de cómputo.
Necesitando de la asistencia de representantes de la ASM y notario público para dar fe de las condiciones en que se tomó protesta por el ayuntamiento entrante, sin que el Ex Alcalde Salvador P. acudiera, ni entregara las unidades adquiridas en su periodo, dejando un parque vehicular en condiciones precarias, patrullas infuncionales y puertas cerradas”, afirmó la fuente.
Ahora luego de casi año y medio de este cambio de gobierno, las autoridades competentes, iniciaron el proceso penal; para determinar las posibles sanciones para los indiciados, quienes de ser hallados culpables podrían enfrentar cargos que les obligarían a pagar millones de pesos que desaparecieron de las arcas municipales en perjuicio de la población de Churintzio.
