En las últimas horas se ha criticado mucho al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, por la manera en la que mando a reprimir a un grupo de jóvenes que protestaron en las inmediaciones del Tren Ligero de Guadalajara por el aumento al transporte público, y a quienes las autoridades trataron con lujo de violencia, incluso cuando muchos de ellos no estaban poniendo resistencia al momento de ser detenidos.
Si esto les preocupó entonces agárrense recio porque en Tabasco, varios diputados de Morena quieren aplicar la 4T aplicando un “o te aclimatas o te aclich…”, ya que varios de ellos han aprobado una iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal que podría dar de 10 a 20 años de prisión a todos aquellos que realicen manifestaciones con marchas y bloqueos en carreteras y también, a quienes impidan que se lleven a cabo obras públicas o privadas.
De acuerdo con información de Proceso, fue el pasado viernes 26 de julio cuando la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, gracias una mayoría de votos por parte de Morena, aprobó reformas al Código Penal del Estado para aumentar más años de prisión a todos los que cometan delitos contra la libertad de tránsito o dificulten el servicio público de comunicación.
Adán Augusto López Hernández, gobernador de Tabasco, fue el encargado de mandar el dictamen aprobado al pleno, quien el próximo lunes 29 de julio (o sea mañanita) votará para ver si esta “Ley Antimarchas” o “Ley del Garrote” -como lo han llamado muchos miembros de la oposición- se aprueba o no.
Según la bancada de Morena, esta propuesta de ley también incluye a servidores públicos, quienes podrían ser inhabilitados de cinco a 10 años en caso de participar en marchas que afecten las cosas antes mencionadas. Julia del Carmen Pardo, presidencia de la Comisión de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y Protección Civil, dijo que esto sólo se trata de “meter orden” ya que diversos sindicatos pelean contratos y cierran vialidades o accesos donde se realizarán obras, sobre todo si estas son petroleras.
Y es que ante los nuevos proyectos por parte del gobierno federal para impulsar la industria del petroleo en todo el país, se han presentado varias protestas y bloqueos de campesinos en varias instalaciones de Pemex, quienes demandan supuestos daños ambientales y exigen empleos para los miembros de sus gremios.
Curiosamente, un día antes de que los diputados le dieran el sí a esta propuesta de ley, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, se reunió en Villahermosa con el general Pedro Escalera Cobián, así como el representante de la Guardia Nacional y del gobierno del estado, con el fin de para analizar estrategias y apoyos para que se pudieran mantener libres los accesos a las instalaciones petroleras.
Por increíble que parezca, fue la legisladora del PRI, Ingrid Rosas Pantoja, quien se opuso a esta iniciativa de marchas y dijo que le suena más a pretexto “para inhibir el derecho de los ciudadanos de ejercer cualquier tipo de manifestación en contra del gobierno federal, estatal, municipal o de cualquier otro ente público, aunque sean pacíficas”.
Pantoja agregó que ahora quieren volver delincuente a cualquiera que se atreva a reclamar un derecho o exigir un servicio, creando una Ley Antimarchas, cosa que se le hace un poco irónica viniendo de un gobierno que en el pasado utilizaban ese recurso para exigir cualquier cosa o protestar por lo que les parecía incorrecto.
Foto por: FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM
Con información de: Stephania Carmona
