El plan B ya es norma constitucional
Yurisha Andrade Morales*
Después de un largo periplo, que inició en agosto de 2025, el plan B se convirtió en ley, luego de que el jueves pasado, en aprobación fast track, al filo de las 15:00 horas, al menos 17 congresos locales de Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Guerrero, San Luis Potosí, Yucatán, Baja California, Colima, Sinaloa, Puebla, Sonora, Baja California Sur, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Veracruz, con los votos de los partidos que integran la coalición gobernante ya lo habían aprobado. Más tardó en llegar el proyecto de decreto de reformas constitucionales que los congresos estatales en instalarse y aprobarlo. Así, la intensa deliberación pública que se dio de manera previa ya es historia y lo que quedó de la iniciativa original se convirtió en derecho positivo, falta que los propios congresos adecuen las normas locales y se implemente el plan B impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Como lo he reflexionado en aportaciones anteriores, los contenidos esenciales del plan B, que no incluyen modificaciones en materia de revocación del mandato, se centran en establecer un tope al gasto máximo anual de los congresos estatales que quedó topado en un 0.7% del presupuesto anual de egresos de cada entidad federativa; mientras que los ayuntamientos no podrán tener ni menos de siete ni más de quince regidurías y solo una sindicatura;además de que los salarios de las consejerías y magistraturas y altos funcionarios de los organismos electorales no podrán estar por encima del salario de las y los titulares del Poder Ejecutivo.
La armonización de las leyes federales y locales deberá concretarse, a más tardar, el próximo 30 de mayo, conforme con lo previsto en el Artículo Segundo Transitorio del correspondiente Decreto de Reformas Constitucionales, dado que las normas que rigen la integración de los ayuntamientos constituyen normas fundamentales que no pueden modificarse dentro de los noventa días previos al inicio de los procesos electorales 2026-2027, cuya fecha de inicio, en el ámbito federal es el 7 de septiembre, mientras que en los estados de la República la fecha varía dependiendo de las normas establecidas en cada uno de ellos.
De esta manera, las próximas elecciones se regirán casi por el mismo marco normativo establecido desde la reforma de 2014, quedando pendientes temas de gran relevancia como la separación de la jornada de votación de las elecciones judiciales que, por el momento, sigue prevista para el primer domingo de junio de 2027, en forma simultánea a las demás elecciones, con la correspondiente complejidad que su organización entraña, entre otras cosas, porque en las elecciones de personas juzgadoras no intervienen los partidos políticos, por lo cual deben instalarse dos paquetes de casillas en forma separada, además de que las geografías electorales son muy distintas y porque las campañas también son distintas comparadas con las que corresponden a otros cargos de elección popular.
Más allá de las deliberaciones ideológicas y políticas, es importante reflexionar sobre los riesgos que el modelo actual de elecciones implica para la democracia mexicana, donde las autoridades electorales estarán a prueba para ofrecer elecciones auténticas e imparciales, organizadas con elevados estándares de calidad; mientras que la ciudadanía enfrentará el dilema de elegir de un amplio universo de opciones, a las personas que considere más idóneas para cada uno de los cargos que correspondan a su demarcación. Si las autoridades disponen de los recursos suficientes podrán afrontar su responsabilidad con altas probabilidades de éxito, si las y los ciudadanos disponen de la información necesaria podrán participar eficazmente en otro ejercicio de recreación cívica y democrática.
El momento para ajustar las reglas del juego ya pasó, viene ahora la organización de los procesos electorales que exige de los árbitros una actuación profesional e imparcial, de los contendientes una competencia equitativa y apegada las normas y de la ciudadanía una participación activa, libre e informada.
Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
