Democracia interna en los tribunales electorales
Yurisha Andrade Morales*
Democracia y confianza son indisociables en la vida de las instituciones públicas, que hoy no podrían coexistir sin estas características en el funcionamiento de nuestras sociedades. Veamos. Conforme a Latinobarómetro en México la confianza en las instituciones electorales es del 32%, mientras que la confianza en el poder judicial es del 23%, en el Congreso o poder legislativo es del 22%, en el gobierno es del 16% y en los partidos políticos del 11%
Entre los organismos electorales se encuentran los de naturaleza jurisdiccional que en el ámbito local se han especializado en la materia, gozan de autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento, son independientes en sus decisiones y se rigen por los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad.
Las autoridades jurisdiccionales locales encarnadas en los tribunales electorales, deben adoptar principios democráticos en su vida interna, para que sus determinaciones alcancen armonía entre la forma en la que administran justicia y su funcionamiento interior. Se trata de apegarse a principios esenciales plasmados en la Constitución para garantizar la salud de nuestra democracia al resolver las controversias propias de la política, pero al mismo tiempo de organizarse y funcionar conforme a prácticas que garanticen un apego estricto a los postulados de la democracia, que les permitan construir y proyectar una imagen digna de confianza para los ciudadanos que acuden ante ellos por una vulneración a sus derechos.
Las prácticas democráticas como métodos o formas mínimas que deben adoptarse al interior de los tribunales electorales, deben preservar la democracia constitucional mediante la protección de los derechos fundamentales y político-electorales de quienes lo integran, entre otras: respeto al principio de la mayoría en los asuntos sometidos a consideración del Pleno, pero también a la minoría que no haya compartido el sentido de la determinación; respetar la libertad de expresión, lo cual garantiza que las magistraturas que lo integran puedan emitir votos y razonamientos contrarios a los de la mayoría, o bien, para robustecer la determinación que se haya tomado; y, basarse en la imparcialidad como característica fundamental de la impartición o administración de justicia, la cual también debe de ser completa.
Igualmente, debe preservar y fortalecer la confianza pública, por medio de la transparencia entendida como el deber que se tiene de informar, rendir cuentas y poner a disposición de la ciudadanía la información que se genera con su actuación, es decir, hacerla pública, en virtud de que es un derecho que toda persona tiene para conocer el origen distribución y destino de los recursos públicos. La transparencia es relevante en el contexto de la consolidación democrática, ya que favorece el apego a la legalidad, promueve el uso mesurado de los recursos públicos, reduce los márgenes de discrecionalidad con los que se interpreta la ley e impele a comportarse con responsabilidad y honestidad en el ejercicio de la autoridad.
La designación de los magistrados electorales por el Senado de la República no hace que los tribunales o sus integrantes se vuelvan democráticos por decreto o en forma automática; más aún, siendo un método que garantiza el acuerdo y el consenso de las fuerzas políticas exige que se fortalezcan prácticas democráticas al realizar estos nombramientos, atendiendo a los principios de paridad, imparcialidad, profesionalismo, transparencia y rendición de cuentas.
Si bien los magistrados electorales deben proteger los derechos político-electorales igual están llamados a cumplir una función relevante impulsando la profesionalización de sus estructuras y personal, y a implementar en su vida cotidiana temas como la paridad de género en la ocupación de las responsabilidades administrativas y en la conformación de las ponencias; así como a garantizar mecanismos orientados a erradicar el acoso laboral y sexual.
A través de los actos que realicen los órganos jurisdiccionales al interior, se consolidará su democracia interna, constituyéndose como órganos fuertes y confiables, generando que la ciudadanía se interese más en participar en la vida democrática.
La cultura de la justicia electoral es una avenida que al ser transitada en ambos sentidos -de las instituciones hacia la ciudadanía y viceversa- puede contribuir a fortalecer la efectividad de los tribunales electorales y, en consecuencia, a reforzar la confianza ciudadana en ellos, creando un círculo virtuoso que afiance la democracia mexicana.
Con esto se fincarán los cimientos para la creación y divulgación de una cultura de justicia electoral que promueva el desarrollo de la democracia y que garantice el respeto irrestricto a los derechos político-electorales de los ciudadanos.
Es mi convicción que los tribunales electorales deben trabajar y adaptarse a los cambios constitucionales, culturales, sociales y políticos que surjan, para cumplir con el objetivo para el que fueron creados, que es la consolidación del Estado de Derecho resolviendo las controversias político-electorales con apego a la ley y a los principios esenciales de la democracia, pero también construyendo instituciones que sean un modelo de racionalidad en el gasto público y en la generación de espacios de crecimiento para su personal.
* Magistrada del Tribunal Electoral
del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
