Defensoría Pública Electoral
Yurisha Andrade Morales*
La ciudadanía tiene derecho a votar y a ser votada en las elecciones en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, así como asociarse libremente para tomar parte en los asuntos políticos del país. Garantizar sus derechos político-electorales es responsabilidad del Estado mexicano a través de las autoridades competentes, quienes deben diseñar e implementar mecanismos orientados a proteger y garantizar el goce pleno de esta modalidad de derechos humanos.
En esa ruta de ampliación máxima de derechos se han construido instrumentos para la protección de grupos vulnerables. Fue así como en febrero de 2016 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, como instancia encargada de brindarles gratuitamente defensa y asesoría en materia electoral.
La instalación de esta Defensoría marca un hito en la historia de los derechos de los pueblos indígenas y un avance significativo en el cumplimiento del ideal democrático de igualar a todos en condiciones y en oportunidades; fue concebida quince años después de las adiciones constitucionales por las que México reconoció la pluriculturalidad del país y estableció el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para decidir sobre su convivencia y organización interna; así como respecto al derecho a aplicar sus sistemas normativos en la elección de sus autoridades y en la regulación y solución de conflictos internos, en armonía con los principios establecidos en la Constitución.
Otras instituciones jurisdiccionales del país han replicado el ejemplo. Así, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México cuenta con la Defensoría Pública de Participación Ciudadana y de Procesos Democráticos encargada de contribuir en la construcción de ciudadanía y democracia participativa mediante la asesoría y defensa transversal de los derechos político–electorales e incentivar, alentar y fomentar la cultura de la participación ciudadana y la formación cívica.
En Michoacán, tras la reforma al Código Electoral del Estado, el 23 de diciembre de 2019 se creó la Defensoría Jurídica para la Protección de los Derechos Político-Electorales como un ente del Tribunal Electoral estatal para brindar asesoría gratuita y defensa del derecho político-electoral en la vertiente de ejercicio del cargo a los ciudadanos que ejerzan cargos públicos de elección popular, así como a quien aspire a un cargo de elección, ya sea por sistema normativo indígena, por el sistema de partidos políticos o de manera independiente.
Esta Defensoría será una instancia accesible para otorgar apoyo a los ciudadanos en el trámite, seguimiento y conclusión del Juicio para la protección de los derechos político-electorales. Al ser un área de protección de estos derechos, en su integración se deberá garantizar la paridad de género.
Con la implementación de esta reforma, nuestro Tribunal Electoral da un paso muy importante en la vida democrática del Estado, ya que la Defensoría elaborará un registro de las personas sancionadas por violencia política y se garantizará el acceso y protección de los derechos político-electorales de quienes ejerzan o aspiren a ejercer un cargo de elección popular no solo de los ciudadanos que sean postulados por un partido político, sino también en los sistemas normativos indígenas y a quienes participen por la vía independiente.
En el proceso electoral que dará inicio en la primera semana de septiembre la Defensoría acompañará a quienes aspiren a participar y soliciten asesoría por considerar que sus derechos se vean vulnerados y busquen restituirlos, para que estén en aptitud de acceder, en condiciones de igualdad, a la jurisdicción electoral completa y efectiva para la defensa y protección de sus derechos político-electorales. Se procurará acceso real a la jurisdicción sin formalismos, con diálogo abierto e incluyente en favor de los pueblos, comunidades y personas indígenas. Para brindar mejor atención a los pueblos originarios, es importante que la Defensoría Electoral de Michoacán reconozca el derecho constitucional de asistencia por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de las diversas lenguas y culturas y promover estos apoyos será nuestro compromiso.
Considero que es nuestra responsabilidad, como Tribunal Electoral, actuar siempre con un compromiso claro en favor de los derechos de las personas indígenas, fortaleciendo sus derechos políticos y el acceso a la justicia. Debemos juzgar con perspectiva intercultural y de género, para equilibrar las asimetrías de poder y las exclusiones existentes en nuestra sociedad. De esta forma, por medio de nuestras sentencias, podremos contribuir a revertir los efectos nocivos de la discriminación.
* Magistrada del Tribunal Electoral
del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
