Las Comisiones Unidas de Educación y de Atención a Grupos Vulnerables aprobaron, con 45 votos a favor, 18 en contra y una abstención, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva para personas con discapacidad.
El dictamen adiciona el Capítulo VIII “De la educación inclusiva” en la Ley General de Educación, con los artículos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68.
Los artículos, en el dictamen aprobado, señalan que la educación inclusiva se refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir, reducir y eliminar las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de las y los educandos, al eliminar prácticas de discriminación, exclusión y segregación.
Precisa que la educación inclusiva se basa en el reconocimiento y la valoración de la diversidad, adaptando el Sistema Educativo Nacional para responder con equidad a las características, necesidades, intereses, capacidades, habilidades, ritmos y estilos de aprendizaje de todos y cada uno de las y los educandos.
Indica que el Estado asegurará la educación inclusiva en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo Nacional, con el fin de favorecer el aprendizaje de las y los educandos, con énfasis en los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo.
Del mismo modo, el Estado proporcionará a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender y desarrollar habilidades para la vida que favorezcan su inclusión laboral, reconociendo las características, circunstancias, necesidades, intereses, capacidades, habilidades, estilos y ritmos de aprendizaje de las y los educandos, para propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y en la sociedad.
Específica que, en la aplicación de esta Ley, se garantizará el derecho a la educación a los educandos con condiciones especiales o que enfrenten barreras para el aprendizaje y la participación.
Asimismo, que la autoridad educativa federal, con base en sus facultades, establecerá los lineamientos necesarios que orienten la toma de decisiones relacionadas con los mecanismos de acreditación, promoción y certificación en los casos del personal que preste educación especial.
Para la identificación y atención educativa de las y los educandos con aptitudes sobresalientes, la autoridad educativa federal, con base en sus facultades y la disponibilidad presupuestal, establecerá los lineamientos para la evaluación diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y certificación necesarios en los tipos de educación básica, así como la educación media superior y superior en el ámbito de su competencia.
En los considerandos del dictamen, las Comisiones Unidas refieren que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia sobre la acción de inconstitucionalidad 121/2019 que declara la invalidez de los artículos 61,62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 —Capítulo VIII “De la educación inclusiva” —, entre otros preceptos, al reconocer la falta del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo Federal por cumplir con la obligación de generar un proceso de consulta a las personas con discapacidad.
Por lo anterior, las Comisiones Unidas resolvieron someter a consulta de las personas con discapacidad el documento de trabajo del cual surgió el dictamen, y para ello llevaron a cabo foros de consulta los días 7, 9 y 10 de noviembre de 2022.
Intervención de diputadas y diputados
La presidenta de la Comisión de Educación, diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena), explicó que “el día de hoy damos cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 121/2019 relativa al capítulo de educación inclusiva en la Ley General de Educación” – concerniente a la consulta a personas con discapacidad en materia de educación inclusiva-.
Afirmó que “realizamos un inédito proceso de consulta a personas con discapacidad, sus representantes y a las y los maestros que imparten la educación inclusiva y especial”. Ambas comisiones, dijo, “creemos que es indispensable que la legislación educativa atienda de forma amplia las necesidades de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad”.
El diputado Pablo Gil Delgado Ventura (MC) señaló que las personas con discapacidad se encuentran en un estado de indefensión; por ello, dijo, el voto de su grupo parlamentario es a favor. Sin embargo, consideró que la redacción pudo ser más contundente y estimó que se deben redoblar los esfuerzos en continuar mejorando las condiciones que enfrentan todos los grupos vulnerables.
Del PRI, la diputada Norma Angélica Aceves García refirió que la Suprema Corte, en su acción de inconstitucionalidad, declaró la invalidez del capítulo de educación inclusiva por falta de consulta previa, “esto no es que el articulado esté correcto y que cumpla con los compromisos internacionales”. Enfatizó que “no puedo acompañar las afirmaciones a nombre de las Comisiones Unidas para validar la iniciativa que propone retomar casi de manera integral los artículos invalidados por el Máximo Tribunal”.
En tanto, el diputado Román Cifuentes Negrete (PAN) sostuvo que en su grupo parlamentario “no vamos acompañar este dictamen” por la poca participación en el mismo. Afirmó que con esta redacción se sigue manteniendo el incumplimiento a lo que ordena el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no fueron tomadas en cuenta las personas con discapacidad, por lo que pidió regresar el dictamen y continuar su análisis.
La diputada Esther Mandujano Tinajero (PAN) resaltó que “no es sólo defender los derechos de las personas con discapacidad, sino garantizarles que lo que se va a votar y aprobar les dé la seguridad de una educación igualitaria y equitativa” y resaltó que el dictamen no está cumpliendo porque no se contiene una redacción de fondo, “ni siquiera se está tomando en cuenta la legalidad”.
En su turno, la diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (PRI) subrayó que, si bien se realizaron consultas para escuchar a los grupos vulnerables, “es un hecho que el dictamen recoge en su totalidad el texto de la ley aprobada en 2019; es decir, después de dos años de espera el resultado fue el mismo, con algunas adecuaciones de forma, pero no de fondo”. Destacó que no se destinan recursos; “no existe la intención real de materializar este decreto y garantizar una educación, por lo que anunció su voto en contra.
La diputada María Isabel Alfaro Morales (Morena) afirmó que “sí se escuchó a la gente, que sí queremos trabajar en este proceso, que México le debe mucho a las personas con discapacidad y hoy se está dando un paso importante”. Consideró que cada entidad federativa tiene la responsabilidad de trabajar en ello. Hoy estamos dando un paso definitivo en asegurar la educación inclusiva en toda la República.
