El 3 de marzo circuló la noticia sobre la presunta detención del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Horas más tarde fue desmentida. Sin embargo, más allá de la confusión informativa, el episodio volvió a colocar sobre la mesa un tema más profundo: la posible intersección entre estructuras políticas y organizaciones criminales en México.
El fiscal general del estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó para “Los periodistas” que existe una orden de aprehensión contra el ex mandatario por presunto enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. Además, declaró que, de acuerdo con líneas preliminares de investigación, Aureoles habría salido del país con ayuda de terceros y mencionó, de manera extraoficial, la posible participación del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Se trata de declaraciones ministeriales, no de sentencias judiciales. Pero el solo hecho de que una autoridad plantee esa hipótesis revela la dimensión del problema.
En México, los cárteles dejaron de ser únicamente organizaciones dedicadas al narcotráfico. Hoy operan como redes complejas con tres capacidades centrales: poder financiero, control territorial y penetración institucional. Cuentan con estructuras jerárquicas, sistemas de nómina —desde vigilantes hasta operadores regionales— y redes logísticas que les permiten sostener operaciones a largo plazo.
Por eso con frecuencia se les describe como un “cuarto poder”. No porque sustituyan formalmente al Estado, sino porque influyen en decisiones locales, alteran dinámicas económicas y, en algunos casos, logran infiltrarse en corporaciones municipales o estructuras administrativas.
Los señalamientos recientes sobre la posible participación de policías municipales como el de Ecuanduréo, Jorge Luis Estrada Garibay quien negó saber que elementos de la policía municipal de su ayuntamiento fueron partícipes en los enfrentamientos y bloqueos del CJNG en el estado el pasado 22 de febrero en la detención y abatimiento de “El Mencho”. Tal como lo señaló el fiscal Carlos Torres: “ tenían insignias de la organización, en sus teléfonos había conversaciones sobre los hechos de un día anterior con los criminales…10 de ellos eran de Jalisco y uno de Michoacán”
ilustran la vulnerabilidad de los niveles locales de gobierno. Cuando los controles internos fallan, la frontera entre autoridad y criminalidad se vuelve peligrosamente difusa.
La pregunta de fondo no es únicamente si el Estado puede detener a líderes criminales. La historia demuestra que puede hacerlo. El desafío real es si tiene la capacidad sostenida para desmontar las redes de protección política, financiera e institucional que permiten que esas estructuras se regeneren.
Porque el crimen organizado no sobrevive solo por su capacidad de fuego, sino por su capacidad de infiltración y por los incentivos económicos que genera. Allí donde hay impunidad, el negocio florece.
Desmantelar este entramado implica más que operativos: requiere fiscalías sólidas, inteligencia financiera eficaz, profesionalización policial, transparencia presupuestal y voluntad política para sancionar la complicidad, incluso cuando ésta alcance niveles incómodos del poder.
La disyuntiva no es menor: o el Estado rompe las redes que protegen al crimen, o terminará administrando su coexistencia.
María Teresa Jaramillo Ríos, maestra en Derecho con terminal en Ciencias Políticas y candidata a doctora en Ciencias políticas en el área de Ciencias de la Comunicación por la UNAM
