Morelia, Mich., a 24 de noviembre de 2019.- Es nuestro deber atender y apoyar integralmente las necesidades de las personas con síndrome de Down, mediante la protección de sus derechos fundamentales, que les son reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez.
Lo anterior, tras dar a conocer que presentará ante el pleno del Congreso del Estado la iniciativa de Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Michoacán de Ocampo.
La legisladora afirmó que el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) refiere que la incidencia del Síndrome de Down se sitúa entre uno por cada mil nacimientos nivel mundial, mientras que en México ésta sería de aproximadamente uno por cada 650 nacimientos.
Detalló que su iniciativa especifica que corresponderá al Gobierno y a los Ayuntamientos asegurar el respeto y ejercicio de los derechos que les asisten a las personas con síndrome de Down, por lo que deberán implementar de manera progresiva las políticas y acciones correspondientes conforme a los programas aplicables.
Además, dijo, se establece un catálogo de obligaciones a cargo del Gobernador del Estado, la Fiscalía General del Estado, las secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública, de Salud, de Educación Pública, de Desarrollo Social y Humano, y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Michoacana y los Municipios.
Hernández Íñiguez informó que también se constituirá el Consejo para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down como una instancia de carácter permanente del Ejecutivo Estatal, que tendrá por objeto garantizar que la ejecución de los programas en materia de atención a las personas con síndrome de Down se realice de manera coordinada.
Agregó que también se crea la Unidad para la Atención de las Personas con Síndrome de Down, la cual será dependiente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Dicha unidad planteará, coordinará y ejecutará las acciones institucionales que en materia de apoyo y asistencia genere el Gobierno para fomentar el bienestar, inclusión social y desarrollo de las personas con Síndrome de Down.
Hernández Íñiguez recordó que San Luis Potosí, Morelos y la Ciudad de México han pretendido apoyar a las personas con síndrome de Down al expedir ordenamientos sobre el particular; sin embargo, en las dos primeras entidades se han declarado como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tanto que el capitalino se encuentra sujeto a estudio por parte del más Alto Tribunal.
Es por lo anterior, que con su propuesta, la diputada busca replicar las mejores prácticas planteadas en las tres leyes señaladas, pero prescindiendo de aquellos términos que ocasionaron el ejercicio de acciones constitucionales en su contra, a efecto de asegurar su viabilidad.
