Avanza la reforma electoral
Yurisha Andrade Morales*
El lunes pasado se instaló la Comisión para la Reforma Político Electoral de la Cámara de Diputados, presidida por la Dip. Graciela Sánchez Ortiz del Partido Morena. En sus intervenciones, con distintos matices, los y las diputadas que la integran coincidieron en señalar que nuestro sistema electoral está diseñado para la defensa y ampliación de los derechos políticos de los ciudadanos y para generar condiciones de equidad e imparcialidad en las contiendas por los cargos públicos.
Concluido el proceso electoral 2020-2021, los partidos decidieron dar un paso al frente para impulsar reformas que, con una deliberación informada, logren ajustar las reglas del juego político que modela nuestra democracia. Hay diversos aspectos para perfeccionar el sistema nacional de elecciones, siempre que la mecánica sea el consenso entre los diversos grupos parlamentarios y no se busquen ventajas con trajes a la medida para favorecer a uno u otro grupo político o cambios para debilitar los entornos que hoy son competitivos y que exigen mejores garantías para que la pluralidad pueda expresarse sin obstáculos.
La deliberación parlamentaria es necesaria y casi obligada cada vez que termina un proceso electoral, para revisar las problemáticas que se presentan y buscar que las normas incorporen soluciones pertinentes. Considero que cualquier iniciativa de reforma debe tener presente, al menos las reflexiones siguientes: el padrón electoral y los listados nominales deben seguir administrados por un organismo autónomo e independiente del gobierno en turno, dado que es la columna vertebral para mantener el principio de un ciudadano (a) es igual a un solo voto, aunque eso no significa dejar de fortalecer al registro nacional de electores que hoy ofrece el mejor instrumento de identificación para todos los trámites que requerimos y que podría convertirse en el registro nacional de personas incorporando a los menores de edad.
La protección de los datos personales es fundamental y la base más completa de México que contiene millones de datos requiere un compromiso de los partidos políticos para potencializar su utilización y para evitar manipulaciones que darían un paso atrás en el instrumento que hoy es imprescindible en la organización electoral.
En las discusiones legislativas de nuevo estará presente el legítimo reclamo asociado al objetivo de disminuir los costos de las elecciones, a reducir la utilización de recursos públicos para financiar a la política. Puedo coincidir en que hay condiciones para reducir gastos sin que ello privatice las campañas o ahogue a los partidos impidiéndoles un funcionamiento adecuado, afectando sus capacidades para competir por los cargos públicos.
Veremos si la premisa consistente en que el dinero público debe prevalecer sobre el privado en las elecciones se mantiene y bajo qué modalidades y si es viable una reducción a las prerrogativas que reciben los institutos políticos. También estarán a revisión las fórmulas de asignación del financiamiento público en las entidades federativas, habida cuenta que la homogeneización de la fórmula de cálculo en 2014, duplicó los montos que reciben los partidos.
Sabemos que la agenda podría ser muy densa e incluir temáticas que vayan más alla de las regulaciones actuales. Movimiento Ciudadano, por ejemplo, plantea la posibilidad de discutir no solo la parte técnica del actual sistema electoral sino también una deliberación abierta sobre las características del régimen político mexicano y la eventualidad de incorporar cambios trascendentes como la segunda vuelta.
Evitar la sobrerrepresentación legislativa, fortalecer los mecanismos de participación política directa, evaluar el funcionamiento de los procedimientos de asignación de curules y escaños por el principio de representación proporcional, la incorporación del voto electrónico, los temas de paridad e inclusión, son otros aspectos que concitarán una amplia discusión parlamentaria, lo mismo que el análisis sobre el funcionamiento y costo de los organismos electorales responsables de las elecciones federales y estatales, donde fortalecer su autonomía e independencia es fundamental para la democracia mexicana.
En este ejercicio será fundamental considerar las aportaciones de los órganos electorales de los Estados, revisar las buenas prácticas desarrolladas, las soluciones implementadas a problemas concretos y los criterios jurisdiccionales establecidos en diversas ejecutorias. La reforma no debe resultar solo de la visión del centro, sino que debe nutrirse de la amplia y sólida experiencia que ya existe en la periferia.
Reitero mi convicción de que la reforma electoral no debe ser el resultado de un ejercicio precipitado, sino de un amplio debate que incluya a todos los segmentos de la sociedad mexicana. Se trata de fortalecer diversos componentes del sistema, de cubrir los vacíos legislativos existentes y de atender las nuevas condiciones de la realidad. Una reforma electoral debe ser inclusiva, abierta, de cara a la sociedad y su resultado final el producto del consenso de todas las fuerzas políticas en beneficio de la sociedad mexicana.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
