Autonomía de los tribunales electorales
Yurisha Andrade Morales*
Los órganos autónomos se establecen en la constitución y se caracterizan porque no dependen ni forman parte de la estructura de los poderes tradicionales: ejecutivo, legislativo y judicial. Surgieron en Europa y fueron llevados al constitucionalismo de América y Asia para fortalecer el funcionamiento de los Estados modernos, virtud a una evolución de la teoría clásica de la división de poderes. Nacieron para la defensa de derechos fundamentales y para establecer el control de su constitucionalidad.
Su función consiste en controlar, en equilibrar el ejercicio del poder público, en corregir los excesos que pudieran presentarse en el cumplimiento de las funciones que corresponde a los poderes tradicionales. Su naturaleza es técnica y realizan funciones especializadas que requieren cuerpos de funcionarios profesionalizados, que actúen sin sesgos, con imparcialidad e independencia.
Los tribunales electorales locales constituyen un ejemplo de órganos constitucionales autónomos en el orden jurídico mexicano. A diferencia del tribunal federal que está integrado a la estructura del Poder Judicial de la Federación, los organismos jurisdiccionales electorales de los Estados, tienen consignada su autonomía en las constituciones estatales y realizan sus actividades con imparcialidad y profesionalismo.
Para cumplir con solvencia con las atribuciones que la legislación les establece, los órganos constitucionales autónomos deben disponer de los recursos necesarios para su funcionamiento, justo por ello se ha establecido un mecanismo legal consistente en la presentación de un proyecto presupuestal que anualmente se entrega al respectivo congreso local, se discute y se aprueba. En teoría, a las áreas de gobierno solo les corresponde entregar en ministraciones mensuales, los recursos aprobados.
No obstante, la experiencia reciente demuestra que después de la reforma electoral 2013-2014, la negociación y entrega del presupuesto es el último reducto de los gobiernos y actores políticos en turno para generar presiones políticas indebidas en contra de los organismos estatales autónomos. Como ejemplo, bastaría revisar declaraciones recientes de actores que se consideran agraviados con decisiones del IEM y del TEEM. Algunos llegaron al extremo de amagar señalando que el lugar donde se haría la revisión del comportamiento institucional sería el congreso estatal durante la negociación próxima del presupuesto para el ejercicio fiscal 2022.
Por parte del gobierno estatal, que está por concluir sus gestiones, igual como ocurrió durante los últimos ocho meses del año anterior, hoy se registra un atraso en la entrega al TEEM de 16 millones 617 mil 006 pesos, que básicamente corresponde al pago de salarios del personal de nuestra institución que lamentablemente se ha visto lesionado en sus derechos y a los gastos de operación requeridos para nuestro funcionamiento. Como se demuestra con la publicación del Periódico Oficial del 31 de diciembre de 2020, al TEEM se le aprobaron recursos por 99 millones 702 mil 040 pesos, que no han sido entregados en su totalidad, tal y como se ha informado a la sociedad michoacana en los días pasados.
En mi opinión, es una arena movediza muy peligrosa para la democracia, abaratar descalificaciones desde el poder en contra de las instituciones electorales, más grave aún es dejarlos sin recursos para su operación y pretender subordinarlos por la vía de los hechos al poder en turno.
Nítidamente es dañino para la democracia sembrar un discurso que pregona como verdades inamovibles que los organismos autónomos no son útiles, que se tiene razón desde el centro cuando se pretende desaparecerlos o, al menos modificarlos, para dejarlos a modo, no para el beneficio de la ciudadanía sino de los actores que toman las decisiones políticas. Son argumentos extraídos de la más rancia tradición del ejercicio centralizado del poder que prevaleció hasta finales de los años ochenta del siglo pasado.
Garantizar la autonomía presupuestal de estos organismos debe ser prioridad en las deliberaciones parlamentarias. Urge dejar atrás el discurso autoritario que denota intenciones de control y ningún respeto por las instituciones electorales cuya actuación ha generado impulsos vitales a la democracia michoacana. Querer exorcizarlos para controlar su actuación y su destino suena casi a dogma religioso, como si los actores políticos que lo pretenden significara la encarnación de toda la sociedad, obviando que somos una democracia diversa y pluricultural.
*Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
