Morelia, Michoacán, 06 de julio de 2021. Para dar certeza en designación de notarios, y eliminar desde la norma cualquier acto que sea discriminatorio, al establecer que todas las y los interesados con el perfil puedan participar en los procesos de selección, el diputado Ángel Custodio Virrueta García, presentó una iniciativa para reformar la Ley del Notariado del Estado de Michoacán.
En la iniciativa se plantea derogar de la ley vigente el cobro de los 50 mil pesos que se cobran por inscripción al curso de práctica y actualización notarial, ya que eso impide que las y los interesados puedan participar.
Hizo mención que el pasado 12 de junio del presente año, el Colegio de Notarios de Michoacán, emitió la convocatoria para las y los interesados al curso de práctica y actualización notarial 2021, donde se solicitaba cumplir con dos bases y una de ellas, es el monto económico, lo que generó que no todos los aspirantes pudieran participar.
“La legislación vigente, dota al Colegio de Notarios de Michoacán, A.C., de una atribución errónea y sin establecer el procedimiento o reglamentación alguna para la aplicación de la fracción VI del artículo 21 de la Ley del Notariado del Estado de Michoacán, en el cual para ser notario exige entre otros requisitos, tomar un curso impartido por el colegio de notarios, el cual tiene un costo muy elevado”.
Además Ángel Custodio Virrueta dijo que no existe una reglamentación vigente o un procedimiento legal establecido a seguir, para la determinación de las bases sobre las que se llevará a cabo la actividad que mandata el artículo 21 de la ley mencionada, ya que en la misma se permite que el Colegio de Notarios establece sus propias reglas, sin cuidar si son apegadas a derecho o viables.
“Este día presentamos esta reforma a efecto de garantizar los derechos de todo aquel ciudadano aspirante a concursar, ya que lo que podemos observar el procedimiento que actualmente plantean los integrantes del Colegio de Notarios, se presta a excesos y discriminación de los aspirantes, carente de razonabilidad o proporcionalidad por su costo y duración en su impartición, por lo que a fin de evitar discriminación o falta a cualquiera de los derechos reconocidos en la Constitución cuya finalidad es consagrar la plena igualdad ante la ley, dejando a un lado las características de generalidad, abstracción e impersonalidad que debe revestir cualquier ley, en necesario que la legislación vigente cuente con elementos legales en su procedimiento”.
“El Congreso del Estado, en pleno uso de sus atribuciones debe velar por eliminar cualquier barrera que resulte discriminatoria y que se garanticen todos los derechos reconocidos”, sostuvo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.
