2021: Reflexiones para un balance inicial
Yurisha Andrade Morales*
En la democracia mexicana los procesos electorales constituyen una función estatal en la que participan los poderes de la unión en coadyuvancia y con respeto a la autonomía de las autoridades que los organizan, los partidos políticos y los ciudadanos. Su objetivo consiste en la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo mediante elecciones libres, auténticas y periódicas que se rigen por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad.
Nuestro sistema electoral se estructura por autoridades administrativas encarnadas en el INE y los organismos electorales de las entidades federativas, jurisdiccionales con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los 32 tribunales electorales locales y las persecutoras del delito que se materializan en las fiscalías especializadas en la materia. Hoy puedo afirmar que el aporte más relevante de la justicia electoral está en las decisiones y criterios que mejoran cotidianamente la calidad de los comicios y garantizan los derechos políticos de ciudadanos y actores políticos, para lograr una integración adecuada de los órganos que devienen de las elecciones en los ámbitos federal y estatal.
Sabemos, también, que la evolución de la justicia electoral en México tiene un impulso vital a partir de la reforma electoral de 1989-1990 con la creación del Tribunal Electoral Federal y el efecto que tuvo en la evolución de los tribunales electorales locales. De manera fundamental, la reforma de 1996 dio pauta para construir los principios filosóficos que alimentan el trabajo jurisdiccional hasta 2006 construyendo una visión garantista de los derechos político electorales de los ciudadanos y, señaladamente, de los militantes de los partidos políticos.
El garantismo construido en esa década corrigió el problema central de las elecciones mexicanas consistente en haber sacado de la esfera de control judicial las controversias electorales que tradicionalmente se resolvieron en instancias como los colegios electorales y cuyos criterios de solución eran políticos vía la negociación. El viraje impuesto en la órbita jurisdiccional obligó a que la actuación de autoridades administrativas, partidos y ciudadanos se sujetara a un control constitucional y convencional.
Después de 2006, los criterios acuñados han modificado la visión filosófica de los tribunales en clara defensa de los principios constitucionales, si éstos están plasmados en la carta magna se interpreta en su favor por encima de la simple aplicación de las reglas. Nuestros órganos jurisdiccionales son de corte principialista, lo cual se demuestra con decisiones que apuntan, por ejemplo, a la supremacía del principio constitucional de igualdad en temas como el género que desde 2007 a la fecha han logrado postulación igualitaria de mujeres y hombres en las candidaturas hasta la integración paritaria de los congresos en 2021.
En la misma lógica, están los criterios jurisdiccionales que establecieron derechos de grupos indígenas y que en 2018 determinaron en su favor representación exclusiva en 13 distritos federales, mientras que en 2021 los incrementaron a 21 más las diputaciones de representación proporcional y lo conducente en cada entidad federativa. También podemos citar los temas relacionados con violencia política en razón de género donde se estableció que los agresores no podrían reelegirse y se abrió el registro de quienes han sido sentenciados por esta causal.
Durante 2021 nuestra entidad afrontó uno de los procesos más complejos de la historia y resolvió con una visión garantista de los derechos humanos en su vertiente electoral y en defensa de los principios consagrados en nuestra carta magna. De ello dan cuenta los 737 medios de impugnación resueltos este año con corte al 17 de diciembre, de los cuales 168 corresponden a las controversias interpuestas en contra de los cómputos y resultados de las elecciones que fueron resueltos con oportunidad y con apego irrestricto a principios y a la ley.
Estoy convencida de que los tribunales electorales demuestran en sus sentencias convicción en la impartición de justicia electoral para mantener vigente al Estado de derecho y la organización de elecciones auténticas. Como integrante del TEEM creo en la necesidad de garantizar acceso a una justicia pronta y expedita, con pleno respeto a los derechos fundamentales de las y los ciudadanos.
En un apunte inicial el balance es favorable. Se han rendido buenas cuentas a la sociedad michoacana y al país. Cada magistratura sabrá explicar e informar cómo cumple su compromiso ético con las instituciones a las que nos debemos y cómo aporta al trabajo colectivo en favor del orden constitucional federal y local y a la defensa del Estado de derecho.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
