EL DERECHO A LA CIUDAD
¿Y LOS TRANSPORTISTAS APÁ?
Por Salvador García Espinosa
En ocasiones, los conflictos políticos que se generan, propician manifestaciones que poco o nada tienen con los motivos fundamentales del conflicto. Desde esta perspectiva, puede asumirse que el conflicto suscitado entre los transportistas y el Gobierno Municipal de Morelia, a propósito de la ciclovía recreativa que se desarrolla en la Avenida Madero, poco o nada tiene que ver con dicho funcionamiento. Sin embargo, conviene un análisis del conflicto, pero desde una perspectiva de la administración urbana, aunque resulte un poco alejada de las diversas declaraciones que a la fecha se han suscitado al respecto, tanto por autoridades municipales, organizaciones y asociaciones civiles, lideres transportistas y hasta representantes de la Iglesia Católica.
El conflicto.
Al parecer, el conflicto que por tres domingos consecutivos ha propiciado que transportistas estacionen sus unidades a manera de protesta a todo lo largo de la Av. Madero y Av. Acueducto se derivo de una mesa de negociación en la que no llegaron a los acuerdos esperados. Sin embargo, llama la atención una mesa de negociación entre transportistas y autoridades del H. Ayuntamiento de Morelia. Y es que, de inicio, se antoja algo difícil la negociación, veamos porque.
Los transportistas tendrán una infinidad de asuntos a tratar con la autoridad municipal, desde el estado de conservación de las calles por donde transitan las unidades, la aparente necesidad de prohibir estacionamientos en la vía pública para “garantizar mayor movilidad”, hasta la suspensión de eventos deportivos que obstaculizan el libre transito de los vehículos de transporte público.
Las Autoridades.
Aspectos como los anteriores y otros más, no deberían de representar problemas mayores. Sin embargo, considerando que, por Ley, los aspectos relacionados con la planeación, operación y otorgamiento de concesiones del transporte público corresponden al Gobierno del Estado, no se vislumbran elementos para que las autoridades municipales puedan establecer compromisos para el cumplimiento de acuerdos.
Por lo anterior, sorprende que el conflicto mediático tenga tres actores principales: los transportistas, el H. Ayuntamiento y los ciudadanos. ¿Dónde esta el Gobierno del Estado? que, a través de la Comisión Coordinadora del Transporte Público, es la autoridad inmediata responsable. Como ejemplo baste señalar que la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Michoacán en su Articulo 39, Facción VIII, establece como una Obligación del Concesionario “…Prestar el servicio, salvo que exista causa justificada para no darlo. En este caso, deberá́ comunicar del inmediato lo procedente a la Comisión Coordinadora del Transporte Publico de Michoacán…” Es de suponer que la COCOTRA supo con anticipación de los cientos de vehículos que no prestarían el servicio durante los domingos mencionados, por encontrarse estacionados en el Centro Histórico.
El asunto de fondo, resulta por demás complejo y pongamos un ejemplo para ilustrar esta complejidad, más allá de quienes son usuarios del transporte público, Imagine, amable lector que el Organismo Operador del Agua Potable y Saneamiento (OOAPAS) fuera una dependencia del Gobierno Estatal, pero para proporcionar su servicio, tuviera que negociar con el H. Ayuntamiento de Morelia, por que calles realizar las obras necesarias para instalar las tuberías de agua potable y drenaje. Pero el Gobierno del Estado otorgara presupuesto para las obras, sin decidir cuales realizar y con que prioridad. Sería sumamente complicado la prestación del servicio, más aún, de un servicio de calidad.
La pregunta de fondo entonces es: ¿Por qué el Gobierno del Estado es la autoridad responsable del Transporte Público y no el H. Ayuntamiento de Morelia?
Seguramente porque se consideraba que los Ayuntamientos no tenían la estructura y medios para administrar su territorio con eficacia. Así se tiene como antecedente más remoto, que el 30 de enero de 1964, se decreta la creación de la Junta de Planeación y Urbanización del Estado de Michoacán, cuyas funciones generales eran las de decidir, gestionar y ejecutar obra pública, así como llevar a cabo las políticas de planeación urbana, entre otras y en diciembre de 1971 se le otorga el carácter de organismo público descentralizado, con funciones para decidir, actuar y gestionar en la planeación y ejecución de la urbanización, así como en proyectos en materia de obras públicas y autorización de fraccionamientos, entre otras.
La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán decretada en 1980 crea la Secretaría de Urbanismo y Obras Públicas (SUOP), que asume las facultades de la Junta señalada y entre otras más, las de estudiar, planear y controlar el desarrollo del servicio público de transporte de pasajeros y carga de jurisdicción estatal. En 1982 se crea la Dirección de Transportes dependiente de la SUOP.
Poco después, las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Michoacán de 1984 desaparecen a la SUOP y se crean dos dependencias, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y la Secretaría de Urbanismo, a la que entre otras funciones correspondían: elaborar y aplicar el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, otorgar todo tipo de autorizaciones urbanas y planear y controlar el servicio público de transporte. Para 1994 se crea la Comisión Coordinadora del Transporte Público (COCOTRA) de Michoacán, situación que se consolida en 1998 con la reforma a la Ley de Comunicaciones y Transportes, que otorga a la COCOTRA la categoría legal y administrativa que actualmente ostenta.
Las circunstancias urbanas y administrativas han cambiado significativamente, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano plantea nuevos esquemas sobre movilidad urbana, que bien permiten pensar, si es tiempo de modificar la normatividad vigente y analizar la factibilidad de que todo lo correspondiente al transporte público sea analizado, planeado y ejecutado desde la esfera municipal, al menos en aquellos municipios como Morelia, que demuestren contar con la capacidad administrativa y técnica. Al final del día, es innegable que el transporte público constituye un elemento esencial para la planeación de toda ciudad.
