Es necesario que en un marco de apego al Estado de Derecho, federalista, con un espíritu de unidad nacional y colaboración, se genere e instrumente de manera conjunta una Política de Estado para enfrentar, contener y erradicar a la delincuencia organizada, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Por ello, el legislador planteará al Pleno del Congreso del Estado, la aprobación de un exhorto para que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, convoque a los representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, a los gobernadores de las 32 entidades federativas, a los dirigentes de los partidos políticos y a la sociedad civil organizada, para generar e instrumentar juntos dicha Política de Estado.
El legislador recordó que las organizaciones criminales han crecido exponencialmente y con ello la violencia en México desde hace casi trece años, de manera que en la actualidad, al inicio de la actual administración federal vivimos un segundo gran salto en el que hacer aumentado la intensidad de la violencia que se manifiesta mediante frecuentes masacres en las que mueren no sólo delincuentes o integrantes de las fuerzas de seguridad, sino población en general.
“Estos hechos ya son calificados por algunos expertos como violencia terrorista lo que no es cualquier cosa, pues implica la conversión de lo hoy es considerado como un asunto de seguridad pública a lo que debe considerarse una amenaza para la seguridad nacional y la del Estado”.
Consideró que ante tan grave situación la respuesta social y del Estado ha sido de pasmo, confusión, desorganización, temor, división y confrontación política, cuando juntos, sociedad y Estado deberíamos estarla enfrentando unidos y organizados.
Antonio Soto dijo que “es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que realmente está sucediendo, estamos obligados a cesar los enfrentamientos estériles, replantear el problema del crimen organizado desde el diagnóstico; reconocer que se trata de un tema eminentemente político ya que la estabilidad nacional y la seguridad del Estado Mexicano están en riesgo y debe ser en el ámbito de la política en el que se deben generar los acuerdos para enfrentar unidos el problema, despartidizarlo para ponerlo en un ámbito de neutralidad que permita la instrumentación institucional de una política de Estado contra el crimen organizado”.
