Morelia, Michoacán, 09 de diciembre de 2019. En los últimos años, el Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán (TJAM) ha resuelto más de 800 procesos de responsabilidades administrativas de funcionarios estatales y municipales.
Dadas las facultades que obtuvo tras una reforma constitucional de 2015, ahora es también un órgano jurisdiccional sancionador; “es el órgano que, dentro del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), cuenta con las herramientas necesarias para imponer sanciones y esto contribuye con el combate a la corrupción”, expuso el magistrado presidente del TJAM, Sergio Mecino Morales.
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el magistrado refirió que, desde su creación el año 2008, el TJAM “ha atendido alrededor de 869 asuntos de responsabilidades administrativas, pero hasta anteriormente se concretaba en revisar que las sanciones emitidas por los órganos de control estuvieran debidamente fundadas y motivadas”.
Con la reforma, el Tribunal adquirió una jurisdicción especializada; es decir, ahora es una autoridad competente para sancionar a servidores públicos, empresas, personas morales y personas físicas que estén vinculadas con actos de corrupción.
“El TJAM juega un papel fundamental en el tema del combate a la corrupción, porque tratándose de faltas administrativas graves, es la autoridad que tiene la facultad para emitir sanciones en el estado”, indicó Mecino Morales.
Tales sanciones incluyen la suspensión o destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica, inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, y, refirió el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa:
En caso de que las autoridades no cumplan con las determinaciones que éste órgano jurisdiccional establece, puede determinar medidas de apremio, como multas de 100, a 150 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, arresto por 36 horas y, asimismo, puede emitir medidas cautelares para evitar el ocultamiento o la destrucción de pruebas, y también medidas cautelares para evitar la obstaculización del adecuado desarrollo del procedimiento de responsabilidad administrativa.
De esta forma, indicó “el TJAM garantiza que las resoluciones dictadas en materia anticorrupción estén debidamente fundadas y motivadas. Así también, en caso de que algún servidor público, o particular, sancionado se inconforme por alguna determinación emitida por el Tribunal, cuenta con un recurso de apelación, el cual se resuelve en Pleno y es valorado por todos los magistrados que lo integran”.
